La Justicia argentina cerró formalmente la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta del país, Cristina Fernández, y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, informaron este martes fuentes judiciales.
El expediente quedó cerrado después de que la Cámara Federal de Buenos Aires no aceptara este martes como querellante al abogado Enrique Piragini, quien había apelado el sobreseimiento de la causa dictado el pasado día 18 por el juez Norberto Oyarbide. Decisiones contrarias adoptaron este lunes el fiscal Eduardo Taiano y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que no apelaron la resolución de Oyarbide, y por lo tanto ésta quedó firme.
Piragini amplió a comienzos de este mes la denuncia contra el matrimonio presidencial que en julio pasado habían presentado legisladores de la opositora Coalición Cívica, luego de que la prensa local informara que el patrimonio de los Kirchner aumentó un 158 por ciento el año pasado. Oyarbide sobreseyó la causa por presunto enriquecimiento ilícito después de recibir los resultados de unas pericias efectuadas por expertos de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado ordenó esa pericia después de que la Oficina Anticorrupción emitiera un dictamen con algunas observaciones sobre la declaración jurada que el matrimonio presidencial hizo a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Poco después de conocerse la noticia sobre su patrimonio, Cristina Fernández respondió a las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, al indicar que “pocas declaraciones juradas están tan claras en Internet”. Según la declaración jurada, la fortuna del matrimonio creció en 2008 hasta unos 12,1 millones de dólares.
Hace unos días, el matrimonio presidencial argentino justificó ante el juez su incremento patrimonial con la venta de inmuebles, rentas, salarios e intereses bancarios, entre otras precisiones de un informe firmado por su contador, Víctor Manzanares. La inacción de Taiano fue repudiada por la Unión Cívica Radical (UCR), el principal partido de la oposición, que aseguró que promoverá un juicio político contra el fiscal.