El 6 de diciembre (6D) se elegirán los nuevos diputados de la Asamblea Nacional en Venezuela, cuerpo colegiado, unicameral y compuesto por 163 asambleístas. En el preámbulo de estas elecciones tres elementos internos llaman la atención: el discurso esquizofrénico del presidente Maduro, el cuestionado papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la maquinaria de prebendas asistencialistas del oficialismo como instrumento electoral.
El presidente Nicolás Maduro ha manejado un doble discurso, ambiguo e incluso amenazante. Afirmando que la Revolución no será derrotada y que, de ser necesario, él mismo saldrá a las calles a defenderla, con un dejo autoritario. Al otro día con un contradictorio ánimo “conciliador” firma un documento de aceptación y respeto a los resultados del 6D, intentando mostrarse como un demócrata.
Por su parte, el árbitro electoral (CNE) es cuestionado y se le responsabiliza de la confusión en el cartón electoral. El Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN-Unidad), partido político que se ha escudado en una postura dual entre el oficialismo y la oposición con un solapado tono chavista, puede llegar a quedarse con votos de la Mesa de Unidad Democrática por su posición en el tarjetón. Más allá de la ubicación: es el nombre, los colores y el tipo de letra que representan a este movimiento lo que puede llegar a confundir al elector, poniendo en duda la responsabilidad del CNE en la transparencia del proceso comicial.
Como ha sido costumbre en los últimos años, a la voz de elecciones se ha activado la maquinaria de prebendas del Gobierno: aumento del salario, incremento de subsidios, instrumentalización de las misiones y medidas de corte populista que van en contravía del estado económico del país. Maduro, a diferencia de su padre político, carece de la prudencia y la estrategia para enmascarar sus acciones como gestión ordinaria de gobierno.
En este contexto de crispación política, el oficialismo encuentra en Colombia un chivo expiatorio para justificar acciones que atentan contra el equilibrio democrático en el certamen electoral. Al responsabilizar al país vecino de los problemas de seguridad y de la crisis económica, el Gobierno ha maquillado discursivamente medidas que pretenden minar la favorabilidad de la oposición.
En su programa semanal, En contacto con Maduro #45, el presidente de los venezolanos advirtió que estaba dispuesto a mantener cerrada por dos años la frontera colombo-venezolana hasta que se dieran las condiciones de seguridad que él alega. No obstante, algunas ONG venezolanas llaman la atención sobre la influencia que puede llegar a tener la presencia de 30.000 efectivos de la Fuerza Armada en una zona en la que se disputarán 32 escaños, casi el 20% del poder legislativo.
El Gobierno se excusa en la inseguridad, supuestamente causada por los colombianos, para implementar medidas que pueden llegar a limitar o generar cierto tipo de coerción en el electorado de la zona. A menos de diez días de cumplirse tres meses del cierre de la frontera, los resultados que muestra el oficialismo en materia de seguridad y desabastecimiento no son contundentes para probar su teoría del daño que hace el contrabando colombiano a la economía venezolana.
Más agresivo aún fue el pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional, actual jefe del Legislativo y candidato a la reelección, Diosdado Cabello, que en su programa de televisión Con el mazo dando arremetió contra el presidente de la República: “Santos, métase la lengua en el bolsillo”. Esto, a causa del tuit que publicó el mandatario en el que llamaba la atención sobre la participación de la veeduría internacional en los próximos comicios.
Nuevamente la confrontación con el gobierno colombiano busca enmascarar un problema de fondo que rodea el proceso electoral en Venezuela. A pesar del acuerdo respecto al acompañamiento de la Unasur, los términos que ha impuesto el CNE para dicho acompañamiento no le brindan al proceso la transparencia necesaria, en un momento en el que la posibilidad de que el Gobierno salga derrotado es factible. La última elección presidencial, por lo apretado de los resultados, demanda una actitud de mayor transparencia en el sistema electoral. La negativa a la participación de veedores internacionales (de la Unión Europea y de la OEA) pone en duda las condiciones para el 6D. Para el Estado venezolano ha resultado más fácil criticar las opiniones del mandatario colombiano que demostrar una verdadera voluntad por garantizar la imparcialidad del proceso.
Tarek William Saab, defensor del Pueblo y quien debería preocuparse por garantizar los derechos de los venezolanos, ha decidido emprender una cruzada de comentarios desobligantes contra la población colombiana. Sus últimas apreciaciones van en la dirección de mantener los estados de excepción que limitan los derechos, no sólo de los colombianos sino también de los venezolanos, contradiciendo la naturaleza de su cargo. El defensor del Pueblo justifica que la principal causa para mantener en pie estas figuras excepcionales es la inseguridad causada por factores colombianos y argumenta que Colombia no ha tomado medidas para resolver la situación.
Esta posición se suma a la actitud del Estado venezolano de justificar acciones que afectan el desarrollo político de dicho país arguyendo que los males de Venezuela tienen origen en la nacionalidad colombiana. Este caso es aún más grave porque, más allá de jugar un papel político, Tarek Saab tiene la obligación de defender los derechos de los compatriotas colombianos que han adquirido la nacionalidad o que se encuentran en tránsito en el vecino país. Las dificultades que han tenido los dos gobiernos para enfrentar el problema no son únicamente responsabilidad del presidente Santos. Por el contrario, una situación que requería la coordinación de los dos países se ha manejado de forma desorganizada y unilateral del lado venezolano.
Después de 19 procesos electorales en más de 16 años de gobierno revolucionario, el oficialismo sabe que enfrenta las elecciones menos favorables. Los dos primeros años de Nicolás Maduro, a cargo de la Revolución, dejan una estela de duda y molestia entre los ciudadanos que en el pasado apoyaron el proceso. La posibilidad de un voto de censura es cada vez mayor y, a pesar de haber desplegado toda la maquinaria electoral del oficialismo, los sondeos señalan que los votos estarán del lado de la oposición. El ambiente se crispa y las declaraciones del Gobierno aumentan la pugnacidad, al punto que las diferentes instancias del Estado venezolano han salido a declarar la necesidad de respetar los resultados electorales.
Más allá de las diferencias y polarizaciones en el interior de las fuerzas opositoras, plagadas de personalismo y protagonismos fugaces, el contexto de esta elección los favorece. Los errores del pasado han sido superados: como en 2005, cuando decidieron no presentarse por la ausencia de garantías, o lo sobrecogedor de 2010, cuando, a pesar de obtener más votos de la población, obtuvieron menos escaños. Ni la renuencia ni la depresión que los albergó en el pasado están presentes en la actual campaña. No obstante, la actitud cada vez más autoritaria de un madurismo nepotista plantea que serán difíciles la noche del 6 y la madrugada del 7 de diciembre. La tentación del golpe o de hacer valederos los resultados a la fuerza sólo terminará legitimando a un gobierno que no da respuesta a las demandas y problemas de su modelo.
La actitud del oficialismo parece querer despertar el anticolombianismo que sufrió Venezuela en las décadas precedentes, obviando que uno de los apoyos más importantes dentro de las filas chavistas fueron precisamente los colombianos, quienes en el marco de la Misión Identidad y otros programas de regularización se identificaron con el proyecto liderado por Hugo Chávez y lo apoyaron, y hoy se ven perseguidos por su sucesor.
* Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y director del programa “Esto no es una frontera, esto es un río” en @URosarioRadio.** Profesora de la Universidad del Rosario.