El titular del gremio del magisterio venezolano, Nelson González, dijo que el presidente Hugo Chávez pretende cometer "un genocidio laboral", como el que perpetró en el sector petrolero, pero que los profesores "no le darán el gusto".
"No le vamos a dar el gusto al gobernante que pretende que haya ausentismo por parte del magisterio para aplicar lo que aplicó en PDVSA (la estatal Petróleos de Venezuela S.A.) y producir un nuevo genocidio laboral" , remarcó González a la emisora Unión Radio.
A inicios de la década, Chávez dejó sin empleo a alrededor de 20.000 trabajadores de PDVSA que entonces secundaron un "paro petrolero" en un infructuoso intento de que el mandatario renunciara a su cargo.
El Gobierno advierte desde el mes pasado que sectores de la oposición a Chávez pretenden boicotear el año lectivo que se inicia el próximo miércoles, en rechazo a la Ley Orgánica de Educación que el mandatario promulgó el pasado agosto y calificó como "ley socialista".
El presidente de Fetramagisterio agregó a la emisora caraqueña que "socialismo es escasez" y que "ojalá la gente supiera qué es el socialismo, porque en la medida en que lo sepa lo aborrece".
"Quienes quieran sabotear van a ser derrotados por todos (…), sobre todo por los mismos estudiantes" , dijo Chávez ayer al reiterar su apoyo a la nueva norma, que garantiza la "igualdad" en el acceso a la educación y es la vía hacia la "nueva sociedad socialista".
González alertó que la norma "se acata, pero no se cumple" y que el año escolar arrancará con debates con los padres y apoderados de los alumnos, porque "hay que trabajar para derogar esa ley".
"Llegó la hora de la actuación de los padres, que se están organizando en asambleas porque les duele el proceso pedagógico de sus hijos. Se nos da un tiempo para que los padres la conozcan en profundidad" , dijo a su vez a Unión Radio el presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, Octavio Delamo.
En representación de la educación católica, el arzobispo de la ciudad de Coro, Roberto Lückert, leyó a su vez un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) que exhorta a que la protesta contra le ley se limite a las aulas de clases y denunció un empeño gubernamental de "coerción personal".
"Si se va a tener que hacer una pelea (…), tiene que ser dentro del aula y con los responsables de esa ley, que son los padres y representantes" , porque el Gobierno se limita a "complementar y apoyar la acción educadora" de los primeros, sostuvo.
Lückert llamó a "no violentar ni tener miedo a la discusión" y a la par reiteró que la CEV ha denunciado que "parece existir una escalada en la administración de coerción personal".
"Denunciamos que quienes ejercen el derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento, garantías reconocidas en la Constitución, son sometidos a procesos penales e imputados por delitos de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento (asociación), instigación a la guerra y sean sometidos a juicio", sostuvo.
Además, añadió, los imputados son recluidos en "establecimientos penales ordinarios", donde "no existe clasificación entre procesados y sentenciados, ni existen garantías de respeto a la integridad física ni a la vida de las personas detenidas".