Hace mucho tiempo acabó la época en que México era sinónimo de mariachis. El Chapo Guzmán destronó a Pablo Escobar de los titulares y México saltó a otros estereotipos: el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Al margen de esas grandes desgracias existe la violencia “menor”, los llamados delitos comunes en las calles y en los barrios populares: robos con violencia y asaltos a vehículos de transporte público. Hoy, desde los empresarios hasta los habitantes más pobres tienen una preocupación común: la seguridad.
En los camiones y las peceras (buses y busetas), y hasta en el metro, el desfile continuo de vendedores ambulantes refleja la frágil economía de un sector de la población que es presa fácil de la delincuencia. Uno de ellos trata de convencer al desinteresado público del momento diciendo “no es para intimidar, pero estuve cinco años en la cárcel”.
El Estado mexicano ha buscado reaccionar ante el narcotráfico y la migración ilegal. Por eso en los años 90 hubo una gran reforma institucional para combatir los grandes delitos, pero los pequeños robos siguen sin un doliente adecuado desde la institucionalidad. Además “la gente no denuncia”, no cree en las instituciones. El decir general es que “las denuncias las van a archivar” sin hacer nada.
Para conocer la cotidianidad de esa violencia visitamos Naucalpan, sus centros de detención y su Policía Municipal. Naucalpan es parte del área metropolitana del gran Distrito Federal. Las faltas administrativas, que no constituyen delito, son atendidas en la Oficialía Calificadora. Allí hay unas celdas de tránsito, llamadas galeras.
La mayoría de los que llegan allí están por beber licor en sitios públicos o consumir sustancias ilegales. Según los mismos infractores, el consumo es fruto de su frustración. Hay casos de menores de 10 años detenidos fumando marihuana y la simple represión policial no les ofrece una solución. Uno de los detenidos en las galeras nos dijo: “He venido varias veces, pero no seguidas”.
Los infractores
Los delitos, competencia de la Policía Ministerial, son atendidos en el Centro de Justicia. Hasta allí llegamos. En la entrada había dos detenidos. Uno fue capturado al estar de cabeza robando en un carro. Vende ropa usada. Estuvo cinco años en la cárcel y dice, como en las películas, “por un delito que no cometí”. El otro recién detenido fue capturado dentro de una casa. Alega que se metió “para huir de un intento de robo”. Es recolector de basuras y vive con su esposa embarazada.
Allí también hay galeras que guardan a los detenidos. Sólo uno de ellos dijo ser inocente, los demás confesaron sin reparos sus delitos. El primero nos dice que fue capturado “robando tequila”. Ya había estado en prisión tres años por robo con violencia. Ahora estaba de pelea con la esposa, sin dinero y desesperado. Trabaja matando puercos, de albañil, mejor dicho, “en lo que se pueda, patrón”. Vive solo. Su hijo de 11 años vive en Estados Unidos con su mamá. A la pregunta por su futuro responde: “Eso se lo dejo a la voluntad de Dios”.
El segundo detenido dice que uno de pobre sólo tiene de futuro “la muerte, el hospital o la cárcel”. Empezó de joven a fumar marihuana “por diversión”. Luego saltó al bóxer. Tiene tres hijos, dos de los cuales cumplían años el día en que fue detenido. “Su regalo de cumpleaños es su papá en la cárcel”, nos dice.
Un tercero fue el más impactante de la noche. Un tipo de unos 30 años. Nos contó que estuvo consumiendo solventes y marihuana, llegó a la vivienda de su hermano y violó a su sobrina de cuatro años. Uno de ellos interrumpió su relato para decirle “la misma edad que mi hija”.
El cuarto era un señor de 44 años. Tiene una floristería y una familia con cuatro hijos. Arrendó una casa hace dos meses y fue acusado de allanamiento ilegal porque el supuesto dueño no era tal. Ahora lo van a echar a la calle y le toca demostrar que actuó de buena fe. Está allí compartiendo celda con ladrones y un sádico.
El quinto y último entrevistado tiene 19 años. Está por el robo de unas cervezas. Según él, otros robaron y huyeron, pero él fue el acusado. Todavía vive con papá y mamá. Trabaja en un taller de carros. Abandonó la secundaria, no le interesa el estudio y trabaja desde los nueve años. Al despedirnos pregunté si habían tenido roces entre ellos y uno contestó irónicamente: “Nos queremos como una familia”.
La respuesta policial
En México hay varias policías: la Municipal, la Estatal y la Federal, con competencias diferentes e inexcusables tensiones. Los límites no son del todo claros, siendo comunes a ellas sus problemas de falta de profesionalización.
La Policía no tiene la capacidad de responder, ya sea porque su institucionalidad es débil, ya sea porque las causas de muchos delitos trascienden sus propias competencias: el desempleo y la falta de oportunidades condimentan la delincuencia y el consumo de sustancias ilícitas. Este consumo va desde pegamentos hasta el creciente mercado interno de narcóticos.
La institucionalidad de la Policía Municipal de Naucalpan fue, hasta diciembre de 2012, muy precaria. Luego vino un cambio de gobierno en el que destaca que los nuevos funcionarios son jóvenes. Antes, los policías tenían que comprar sus propios uniformes y los salarios no eran los mejores. En ese contexto, el riesgo de corrupción y abuso policial son inevitables, sobre todo cuando la cultura de lo narco ha permeado la misma sociedad.
El comisario jefe de la Policía de Naucalpan, Jorge Jiménez, reconoce el riesgo de corrupción y las limitaciones institucionales, por lo que hace poco crearon la “Comisión de Honor y Justicia”. Cuando llegó al cargo, en 2013, incluso había policías sólo con educación primaria y cada uno tenía que comprar su propio uniforme. Nos dice que no es posible cambiar 80 años de costumbres en un par de años. El comisario reconoce que los retos de seguridad van más allá de lo que puede hacer la institución, pues, por ejemplo, “tenemos gente viviendo en cuevas”.
El gobierno local de Naucalpan intenta reformular la policía adoptando desde cámaras y computadores hasta el Plan de Cuadrantes de la experiencia colombiana. Experimento difícil de evaluar en tan poco tiempo (que daría lugar a otro artículo). Lo cierto es que mientras algunos del gobierno central hablan de la corresponsabilidad de los municipios en la prevención del delito, los municipios saben que muchas de las causas de la delincuencia trascienden a las agendas nacionales y que uno solo de ellos no hace un verano de seguridad.
Más allá de la policía
La agenda de la seguridad ha sido históricamente entendida como un problema que requiere una salida de fuerza. Incluso, usar militares para tareas de policía va en el mismo sentido. El reto es avanzar de la seguridad pública a la ciudadana. Pensar en clave de seguridad humana sería más complejo, pero a la vez más eficaz la acción institucional. Perseguir al que bebe licor en la calle no deja de ser una acción marginal que en la gran foto de la violencia urbana poco ayuda.
La represión da más votos, pero menos resultados a largo plazo. Como en muchos países de la región (varios de ellos entre los cinco más violentos del mundo), el énfasis en políticas de gobierno antes que en políticas de Estado sirve para ganar o perder elecciones, pero no para traer tranquilidad a los habitantes. Además, la incorporación de la lógica de los derechos humanos es percibida por la policía como un obstáculo antes que como una herramienta.
México sufre una violencia pequeña para las autoridades, pero grande para las víctimas que tienen pocos recursos. La agenda de la seguridad, que prioriza narcos y migrantes, está sesgada en parte por su vecino del norte, pues, como reza la frase, “pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.