“No existe ninguna norma que habilite la presencia de esos agentes en el territorio nacional y de verificar su presencia en el país sería un gravísimo atentado a nuestra soberanía”, dijo en conferencia de prensa el viceministro boliviano de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
Según el viceministro, el Gobierno está investigando la presencia en el país de “agentes externos o de bolivianos que sirvan a agentes externos”
“El Gobierno (de Bolivia) está decidido, y en esto no va a dar un paso atrás, en la dignificación de nuestro país y de sus instituciones”, subrayó Sacha Llorenti.
El pasado martes, el propio Morales sugirió que tiene en la mira a la CIA, después de haber ordenado la suspensión en el país de las actividades de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, cuyos agentes tienen un plazo de tres meses para salir de Bolivia.
“También estamos detrás de la CIA”, dijo el presidente indígena, que siempre se ha definido como “antiimperialista”.
Las relaciones entre La Paz y Washington pasan por un momento crítico ya que además Morales expulsó el pasado septiembre al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, acusándole de conspirar contra su Gobierno y financiar a sus opositores.
La administración de George W. Bush le respondió declarando también persona non grata al representante diplomático boliviano en Washington, Gustavo Guzmán.
Además, Estados Unidos ha iniciado un proceso para suprimir a Bolivia los beneficios arancelarios que concede a los países andinos para premiar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, al considerar que el Gobierno boliviano no cumple con esos objetivos.