El río San Juan ha sido motivo de disputa entre Costa Rica y Nicaragua durante los últimos siglos. El último diferendo que llevó a las dos naciones centroamericanas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzó en noviembre de 2010, cuando Costa Rica recurrió a la máxima instancia de Naciones Unidas para denunciar una supuesta invasión por parte de militares nicaragüenses de la isla de Portillos, así como la provocación de daños medioambientales en la zona por la supuesta construcción de un caño por parte de Managua.
Ya en 2009, el propio Tribunal de la ONU estableció las normas para su manejo. A Costa Rica le correspondió la navegación. En manos de Nicaragua quedó regular el tráfico fluvial. El martes la Corte dio su fallo, que es inapelable y debe ser seguido al pie de la letra por ambas naciones.
El tribunal ordenó a Nicaragua y Costa Rica abstenerse de enviar fuerzas de seguridad a la zona fronteriza en disputa. “Las dos partes se abstendrán de enviar o mantener en el territorio en disputa agentes, ya sean civiles, de policía o de seguridad”, resolvió la Corte. La CIJ conminó además a ambas naciones a evitar “toda acción que pueda agravar o extender el diferendo” y afirmó que ambos países deberán “vigilar la zona en disputa” a partir de sus territorios soberanos y mediante “la cooperación de sus fuerzas de policía y seguridad”.
La Corte desestimó, sin embargo, las otras demandas de Costa Rica para obligar a Nicaragua a suspender las obras de construcción de un supuesto caño, que sostenía que eran dañinas para el medio ambiente en su territorio, y para abandonar el dragado del río San Juan, de soberanía nicaragüense.
El gobierno de Costa Rica aseveró que la decisión era buena porque ya no habrá más soldados nicaragüenses en su suelo. “Se le ha dicho a Nicaragua que pare su comportamiento abusivo y agresivo de invasión de un terreno nuestro. Incluso se nos ha dicho que la lucha contra el crimen debe resolverse dentro de cada territorio, y no en la zona disputada”, señaló René Castro, ministro de Exteriores costarricense. A Nicaragua le parece bien la decisión, “ya que podrá seguir con las labores de dragado en el río San Juan”, afirmó Calos Argüelles, embajador de Managua en Holanda.