De la guerrilla de Sendero Luminoso queda el nombre y poco más. El grupo maoísta que impuso el terror en Perú durante la década de los ochenta y parte de los noventa ya no es un movimiento político que aspira a tomar el poder por medio de la revolución; hoy es una banda dedicada al narcotráfico. Donde una vez izó la bandera de la izquierda más radical, ahora planta coca. La narcoguerrilla campa a sus anchas en dos grandes valles selváticos, el del Huallaga, al norte, y el de los ríos Apurímac y Ene, al sudeste del país. Ambas son las zonas de mayor producción del cultivo base de la cocaína.
“No hay un rebrote de Sendero Luminoso”, señala Jaime Antezana, sociólogo experto en temas de narcoterrorismo, que enfatiza que lo que actualmente se vive en el valle del Apurímac y Ene es un nuevo fenómeno. A partir de 2000, los remanentes del grupo terrorista se refugiaron en los valles cocaleros y establecieron alianzas con los narcotraficantes.
Los narcoguerrilleros, incluso, reniegan de su histórico líder, Abimael Guzmán, que está en prisión. También cambiaron su actitud respecto a los civiles. Ya no los aterrorizan, más bien se muestran colaboradores y usan su dinero para ganarse el apoyo de una población muy pobre, que carece de los servicios más elementales. Los manifiestos políticos, en opinión de Antezana, sirven únicamente “para darle legitimidad a sus acciones”.
El gran terror que infunde ahora Sendero Luminoso es que salga de los valles cocaleros y Perú sufra los niveles de narcoviolencia que sufren Colombia y México. La impresión general de los analistas es que la batalla está lejos de ser favorable al gobierno. Ello, pese a que el gobierno destina más y más recursos económicos y militares a un área que, según definió el primer ministro Yehude Simon en su reciente presentación ante el Congreso, “ha estado abandonada los últimos 15 años”.
“Yo no diría que estamos ganando la guerra al narcotráfico. Diría que tenemos que empezarla”, admite Rómulo Pizarro, presidente de Devida, el zar antidrogas de Perú. Él propone una estrategia integral de intervención en la zona de conflicto, que incluye un control más estricto del ingreso de productos químicos necesarios para procesar la coca, apoyo y asistencia técnica a los pobladores de la zona para que se dediquen a los cultivos legales. Sin embargo, su plan, denominado “de acción rápida”, está detenido porque el Ministerio de Economía no quiere desembolsar los 40 millones de soles (unos US$10 millones) que se requieren para ponerlo en marcha.
En los últimos 12 meses, 50 soldados y policías han muerto en ataques y emboscadas de Sendero. “Si no hacemos algo crecerán y cuando nos demos cuenta tendremos unas Farc”, declaró el comandante general del ejército peruano, Otto Guibovich, al diario El Comercio. Tras la última emboscada ocurrida hace poco más de dos semanas y en la que murieron 14 soldados, el gobierno se comprometió a reforzar su presencia en el valle y aumentar los recursos destinados a la zona.
La batalla final contra Sendero Luminoso se libra en un terreno agreste, al que sólo se puede entrar y salir en helicóptero, y para ganar esta guerra se requerirá mucho más que el despliegue de soldados, algo en lo que coinciden todos, el Gobierno y los críticos. Solamente en el valle de Apurímac y Ene hay entre 15.000 y 16.000 hectáreas cultivadas de coca, según cifras oficiales. Informes del Ministerio de Defensa y del Ejército peruano detallan las actividades de Sendero en el negocio del narcotráfico. El ejército ha comprobado además que tienen armas antiaéreas y lanzacohetes, capaces de derribar los helicópteros militares, muchos de ellos vetustos.