El miércoles pasado, la selección colombiana de BMX fue retenida durante varias horas en el aeropuerto de la ciudad argentina de Mendoza. Además de revisar los antecedentes judiciales de los integrantes de la delegación, las autoridades migratorias demoraron al equipo, encabezado por la doble campeona olímpica Mariana Pajón, por una razón particular: a falta de un certificado de importación personal, estimaban que iban a vender sus bicicletas como contrabando.
“Cuando entramos se demoraron un rato porque tenían que ver nuestro pasado judicial porque éramos colombianos. Nos tienen acá porque dicen que vamos a vender las maletas”, contó Pajón en Instagram, antes de que el impasse fuera resuelto con la mediación del consulado colombiano y el equipo pudiera salir para participar en la Copa Internacional de BMX en la provincia de San Juan, disputada este fin de semana.
La publicación de Pajón difundió el episodio, que algunos medios locales calificaron de “papelón” (ridículo). Sin embargo, no fue la única actuación controvertida de las autoridades argentinas la semana pasada.
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Apenas un día antes, el martes, varios jugadores de la selección pakistaní de futsal que iban a disputar el Mundial en la provincia de Misiones fueron deportados en el aeropuerto de Ezeiza por razones de “seguridad nacional”, mientras que sus otros compañeros fueron retenidos en una escala previa, al parecer por un error de la embajada argentina en el país asiático, que no cargó a tiempo “detalles” de las visas, según afirmó un dirigente pakistaní.
La semana pasada, además, dos artistas chilenos fueron detenidos por presunta tenencia de explosivos al dejar una maleta en un hotel de Córdoba, aunque salieron liberados el miércoles por “falta de méritos”, ya que la pareja demostró que utilizó los materiales –dos parlantes, batería y cables– para una instalación artística en las actividades paralelas al Congreso de la Lengua Española que tuvo lugar en esa ciudad a finales de marzo.
La brigada de explosivos de la policía cordobesa entendió que la maleta “podría constituir un artefacto explosivo improvisado” con la ayuda de un detonador y un explosivo. “Si es así, todos somos culpables, porque tenemos cosas que pueden servir para armar bombas”, expresó la abogada defensora de la pareja, Mercedes Crespi, que tildó la acusación de “un desastre” por “temeraria e infundada”, según afirmó al periódico Clarín.
“Desde que llega Patricia Bullrich al ministerio de Seguridad (en diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asume la presidencia del país), está impulsando más activamente la instalación de un imaginario de excepcionalidad, de riesgo, del terrorismo”, explica Diego Llumá, investigador universitario y ex director de cooperación internacional del ministerio.
“A medida que repetís, instalás, empujás, vas generando la normalización de esta visión desproporcionada de una agenda de Europa y de Estados Unidos, o hasta de Colombia y México”, señala Llumá.
Como consecuencia de esa política, agrega el experto, “tenés el aparato policial puesto a vigilar para identificar fenómenos que podrían estar conectados con el narcotráfico, el terrorismo y demás”.
Llumá recuerda el caso de dos hermanos musulmanes detenidos el pasado noviembre, a pocos días del G20 celebrado en Buenos Aires, por presuntos vínculos con Hezbolá, a partir de una denuncia anónima por correo electrónico.
Los jóvenes de ascendencia libanesa, que pasaron sus primeros cinco días de detención incomunicados en una pequeña celda, fueron liberados 22 días después, aunque el juez mantuvo sobre ellos el procesamiento por el arma de su bisabuelo, una pequeña herencia familiar, que guardaba en su casa.
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“Es un gobierno en el que lamentablemente uno vive en libertad condicional. Nos tocó a nosotros pero (…) fueron contra la pareja chilena y el equipo pakistaní de futsal, te toca por portación de cara, nombre o religión”, expresó Axel Abraham, uno de los hermanos, en entrevista con el periódico Página 12.
Para el sociólogo Carlos de Angelis, a la política de seguridad restrictiva hay que sumar la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad.
“Están sobreactuando la cuestión, y sin una capacitación muy exhaustiva, terminan haciendo estos grandes papelones, como el caso de los artistas chilenos (…), después este equipo completo de futsal”, comenta el profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Una sobreactuación que busca, en opinión del sociólogo, “mostrar efectividad ante la ministra Bullrich, que quiere tener logros”.
En esa medida, el gobierno intenta consolidar a su núcleo duro de votantes de cara a las elecciones de octubre, en las que Mauricio Macri podría tener que medirse frente a Cristina Fernández de Kirchner por su reelección.
“El delito en manos de extranjeros (…) llega al 20% de las personas que están detenidas”, declaró la dirigente, aunque la cifra solo llega al 6%, de acuerdo al último informe de la Procuración Penitenciaria Nacional, citado por varios medios argentinos que contrastaron la declaración de Bullrich.
“En la base electoral de Cambiemos (la coalición de gobierno), hay sectores que ven a los migrantes como un peligro, que se llevan el trabajo, que usan los servicios públicos. (…) En grupos focales, hablan todos de ese tema”, confirma De Angelis.
Los episodios de la semana pasada van en esa dirección, la de “intentar quedar bien con ese núcleo de votantes, con ese espacio de votantes”.
“Sin un 25% o 30%, corren el riesgo de quedar terceros. El gobierno tiene que consolidar sus 30 puntos, aunque Cristina gane la primera vuelta, siempre en el escenario de que se presente, y después esperar que todos los demás sumen”, explica el analista.
Al margen de los posibles réditos electorales, las actuaciones de la semana pasada sientan un mal precedente en la institucionalidad argentina.
“Hay una necesidad estructural de no solamente nutrir a su clientela política más extrema, sino una necesidad de transformar institucionalmente las funciones de las fuerzas de seguridad para convertirlas en vigilantes del disenso”, cree Llumá.
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Según el investigador, los episodios evidencian “la transformación de la división tradicional de seguridad interior y defensa nacional”, muy clara en el ordenamiento jurídico argentino.
“Estas detenciones, este avasallamiento de garantías de ciudadanos extranjeros, están estableciendo un orden de hecho, porque no están siendo cuestionadas por el sistema judicial ni por el sistema político”, añade Llumá, que alerta sobre la construcción de un “sistema institucional paralelo”.
En los casos de Colombia y Chile, las delegaciones consulares solamente prestaron asistencia, sin ningún reclamo o pedido público a las autoridades argentinas.
“Lo que ordena es el mercado interno, la formación de opinión”, zanja Llumá. “Después pagarán el costo político internacional que tengan que pagar, se arreglarán de alguna forma”, concluye el investigador universitario.