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Presidenta interina de Bolivia podría ir a juicio por masacres en Cochabamba y El Alto

La Asamblea Legislativa Plurinacional boliviana podría aprobar el inicio de un juicio contra Jeanine Áñez por las operaciones militares en las que murieron 37 personas en noviembre del 2019.

28 de octubre de 2020 - 08:17 a. m.
Áñez debería responder por la firma del Decreto Supremo 4078, por medio del cual autorizó a las Fuerzas Armadas adelantar operativos de orden público, eximiendo a sus miembros de cualquier responsabilidad penal.
Foto: AFP - Agencia AFP
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Una comisión especial del Parlamento de Bolivia sugirió la apertura de un juicio en contra de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tras presentar su informe final sobre las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre del año pasado, en medio del revuelo político ante la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

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“Se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictuosa, por los hechos en Sacaba y Senkata”, indicó el diputado Víctor Borda.

La comisión especial del Parlamento propuso, además, que se adelante un juicio ordinario en contra del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, del de Defensa, Luis Fernando López, y del excomandante de la Policía, Yuri Calderón, también por los delitos de genocidio y asesinato.

De esta manera, Áñez debería responder por la firma del Decreto Supremo 4078, por medio del cual autorizó a las Fuerzas Armadas adelantar operativos de orden público, eximiendo a sus miembros de cualquier responsabilidad penal. En los próximos días, la comisión presentará el informe al pleno de la Asamblea Legislativa para que el juicio siga su curso.

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Al enterarse de la decisión de la comisión, Áñez escribió en su cuenta de Twitter: “El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”.

La comisión parlamentaria destacó que, en las operaciones policiales y militares después de la renuncia de Morales, fallecieron 37 personas, de las cuales 27 murieron por disparos.

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