“Desde que el juez ordenó el remate vivimos una angustia permanente. Podemos perderlo todo: las casas, la fuente de trabajo, todo. Somos un pueblo chico, pero tenemos techo y trabajo. Si rematan las tierras, vamos a ser un pueblo fantasma”. Vilma Andrada es una de las casi 750 almas que viven en Olivares de San Nicolás, una pequeña población que se encuentra dentro de una gran finca productora de olivas, en el norte de la provincia de Córdoba (a unos 800 kilómetros de Buenos Aires), amenazada por una subasta que se asemeja a una condena de muerte.
La decisión judicial de rematar las tierras es consecuencia de una deuda de 1.200.000 dólares que la empresa propietaria de la finca, Olivares y Viñedos San Nicolás, tiene con BBVA Banco Francés desde hace más de diez años, cuando ofreció 9.000 hectáreas como garantía hipotecaria por un préstamo para la producción. “La crisis económica de 2001, sumada a una serie de malas cosechas por motivos climáticos, nos impidieron cumplir con los pagos y provocaron esta situación. Nosotros queremos solucionarla, hemos ofrecido pagar 600.000 dólares ahora y el resto en marzo, luego de la cosecha, pero el departamento jurídico del banco se niega a aceptar la propuesta. Esto significa el fin del olivar orgánico más grande del mundo y también la muerte del pueblo”, explicó a El Espectador el dueño de la finca, Jorge Pierrestegui.
Mientras tanto, en las oficinas centrales del banco tratan de quitarle dramatismo a la situación: “El interés del banco es cobrar la deuda, no rematar el pueblo”, dijo el gerente de Relaciones Institucionales de BBVA, Gonzalo Verdomar Weiss.
Sin embargo, la suerte del pueblo parece estar indisolublemente ligada a la de la finca, porque la mayoría de las casas, la iglesia, el puesto sanitario, el departamento policial y el juzgado de paz se levantan sobre terrenos cedidos por el propietario y hoy incluidos en el remate judicial. Además, la mayoría de la población económicamente activa trabaja en la empresa, que emplea a unas cien personas de manera permanente, a las que se suman alrededor de 400 trabajadores temporales durante la cosecha, de unos cinco millones de kilos en una buena temporada.
A menos de veinte días para la fecha del remate dispuesto por el juez en lo civil Carlos Molina Portela, los habitantes de Olivares de San Nicolás recibieron una noticia que abrió una luz de esperanza: la suspensión de la subasta que iba a realizarse el 18 de diciembre. Hasta entonces los resultados de la lucha de los vecinos habían sido casi nulos.
El primer paso lo había dado el actual jefe comunal, Manuel Díaz, al presentar un recurso de amparo que fue rechazado por el magistrado y ahora está en estudio en la Sala E de la Cámara en lo Civil. En el ínterin, Díaz tuvo una grave recaída de una enfermedad que padece desde hace años y debió dejar todo en manos del jefe comunal electo, Carmen Antonio Heredia, que asumirá oficialmente el 12 de diciembre. Fue él quien presentó un nuevo recurso, pidiendo que las 20 hectáreas donde se asienta el pueblo sean excluidas del remate. “Lo que decimos es que los habitantes tenemos derechos posesorios que son anteriores a la deuda hipotecaria con el banco y que por lo tanto no corresponde que se incluya el pueblo en el remate”, explicó.
Finalmente, la Fiscalía de Estado de la provincia de Córdoba les reconoció a los habitantes el derecho de posesión sobre sus viviendas. Sin dejar de lado la cautela, Heredia celebró la decisión: “Ya nos salvamos de un primer remate, que estaba previsto para el 30 de mayo –dijo–. Puede ser que ahora evitemos que el pueblo quede incluido en el otro”.
Mientras tanto, los 750 habitantes de Olivares de San Nicolás siguen sumergidos en una tensa espera. La postergación de la fecha del remate está lejos de ser una solución definitiva. Sobre ellos sobrevuela el fantasma de otros pueblos —como Los Amores, en la provincia de Corrientes, o Garupé, en Misiones—, que no pudieron evitar subastas en situaciones similares. Y es que esta curiosa situación ya hace carrera en Argentina.
En el año 2005 otros cinco pueblos de la provincia argentina de Santiago del Estero —entre ellos uno declarado lugar histórico— en los que vivían más de 500 familias, fueron rematados por la justicia argentina para pagar las deudas de un banco quebrado.
El remate se llevó a cabo dado que las 10.000 hectáreas de tierras donde estaban ubicados los cinco pueblos estaban incluidas como propiedad del quebrado Banco Platense, por lo que su venta serviría para pagar a los acreedores de la entidad financiera.
Décadas atrás, cuando se formaron los pueblos, las tierras pertenecían al estado santiagueño, pero luego fueron cedidas al Banco Platense, que hace años terminó quebrado y colmado de deudas. Se trata de los pueblos El Ceibal, Tres Varones, Nuevo Simbolar, Santa Luisa y San José del Boquerón, este último considerado como lugar histórico por sus ruinas jesuíticas y su capilla del siglo XVI.