Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y uno de los hombres fuertes durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1989), apelará las dos cadenas perpetuas que en su contra impuso la justicia en la instancia menos pensada: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Contreras, acusado de idear e impartir órdenes de asesinato contra al menos seis líderes opositores al régimen, fue condenado a pagar más de 360 años de prisión por la muerte de Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército chileno durante el gobierno comunista de Salvador Allende.
Según los argumentos de la defensa, al militar retirado, de 80 años, le fue violado el debido proceso durante el juicio. Además, Javier Gómez, su abogado, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Chile que pida al gobierno estadounidense la extradición de Michael Townley, quien, como testigo protegido, aceptó haber sido el actor material en el asesinato de Prats, quien murió junto a su esposa el 30 de septiembre de 1974 al explotar una bomba instalada en su vehículo.
“Queremos que se traiga al asesino confeso, que responda y que se aclaren las vinculaciones que tenía en particular Michael Townley con la CIA, cosa que no hemos podido hacer, ya que no lo hemos podido interrogar por no encontrarse en nuestro país”, le dijo el jurista a una emisora local.
Pero mientras se concreta este proceso, la defensa de Contreras envió una presentación a la CIDH para que conozca el caso. Su objetivo es lograr que el ex general pase sus últimos años de vida en libertad.
Un fin que rechazan expertos en Derechos Humanos. “Él tiene el derecho al pataleo, a presentar el recurso, nadie está impedido, pero son las víctimas las que tienen acceso a la CIDH bajo el Pacto de San José de Costa Rica”, le dijo el abogado especializado Nelson Caucoto a la cadena BBC.