Mientras la semana pasada Estados Unidos y el mundo esperaban con júbilo y expectativa la inauguración de Barack Obama, Álvaro Uribe revivía con nostalgia y angustia los años dorados de su feliz matrimonio con George W. Bush. El contraste no podía ser más fuerte. En los alrededores de la Casa Blanca el Presidente de Colombia recibía la Medalla Presidencial de la Libertad, en reconocimiento de su “brillante” defensa de la democracia y los Derechos Humanos, y éste condecoraba a los secretarios salientes de Estado y Comercio, y a la representante Comercial con la Orden de San Carlos por su apoyo al país.
Entre tanto, en su audiencia de confirmación ante el Congreso, Hillary Clinton planteaba la necesidad de darle otros matices al Plan Colombia y de seguirle exigiendo al Gobierno colombiano mayores resultados en el combate a la violencia contra sindicalistas y otros actores cívicos como condición para la aprobación del TLC. Los pronunciamientos de la nueva canciller fueron reforzados en el comunicado de importantes ONG de derechos humanos, las cuales rechazaron la condecoración a Uribe por considerar que emitía un mensaje equívoco acerca de la deplorable situación de los Derechos Humanos en Colombia y el compromiso del mismo Presidente con su defensa.
Otro contraste en su corta visita a Washington fue la dificultad que tuvieron el presidente Uribe y el canciller Bermúdez para concretar reuniones con los integrantes del gobierno entrante —solamente fueron atendidos por el Secretario de Defensa y el Asesor Nacional de Seguridad, ambos republicanos— con el cálido encuentro sostenido entre Obama y el presidente mexicano Felipe Calderón.
Vale la pena preguntarse por qué ningún esfuerzo del gobierno Uribe por acercarse a la administración de Obama y los demócratas ha dado los frutos deseados. Una primera explicación tiene que ver con la innegable preferencia que ha tenido el Primer Mandatario. Por más que intentó matizarlo, el Gobierno no pudo esconder su entusiasmo con la candidatura de McCain ni su preocupación con la de Obama.
No sólo fue recibido el republicano en plena campaña como jefe de Estado durante su visita a Cartagena, sino que posteriormente Uribe se reunió con su polémica fórmula vicepresidencial Sarah Palin. Lamentablemente, el intercambio de medallas entre el Presidente colombiano y los integrantes del gobierno Bush confirmó una vez más la percepción de que el mandatario colombiano es un aliado republicano.
Por más que el gobierno Uribe reitere que el Plan Colombia ha sido un plan bipartidista desde sus inicios, que fue lanzado durante la presidencia de Bill Clinton y que Colombia cuenta con “buenos amigos” entre los demócratas, éste no parece entender el nivel de polarización que generó entre los dos partidos la reticencia de Bush a tener en cuenta las opiniones y críticas demócratas en torno a temas como la ayuda militar y el TLC con Colombia. Por ello, los esfuerzos por “seducir” a los demócratas con el mismo discurso utilizado frente a los republicanos y por esquivar cualquier cuestionamiento sobre los Derechos Humanos, no han funcionado y hasta han sido contraproducentes. Tampoco han sido de mucha ayuda los enfrentamientos del presidente Uribe con Human Rights Watch y José Miguel Vivanco, ni su satanización pública de defensores de Derechos Humanos, periodistas, miembros de la oposición e integrantes de la Rama Judicial.
Una de las estrategias que Uribe ha empleado con efectividad en Estados Unidos tiene que ver con la “historia de éxito” de su administración. Según ésta, cuando nació el Plan Colombia en 2000, la ventaja estratégica adquirida por las Farc, la intensificación del conflicto armado y la expansión de los cultivos de coca planteaban el inminente colapso del Estado. Hoy el país reporta ganancias importantes en términos del fortalecimiento de la Fuerza Pública, la lucha contrainsurgente, la reducción de la violencia y la consolidación de la presencia estatal en el territorio nacional. Empero, frente a los lunares de la política de seguridad democrática, el Gobierno colombiano ha sido menos hábil.
A todas luces la “guerra contra las drogas” ha sido un fracaso. Ocho años de fumigaciones aéreas intensivas han tenido un efecto nulo sobre los cultivos de coca, han generado su esparcimiento por toda Colombia y han ocasionado daños incalculables al patrimonio ecológico nacional y a la salud de los habitantes de las zonas fumigadas. A pesar de las miles de toneladas de cocaína confiscadas, su producción también se ha mantenido estable.
No obstante, en lugar de propender por un cambio en la política actual, la respuesta oficial insulsa ante cualquier crítica ha sido que la situación hubiera sido mucho peor de no fumigar y fumigar. De forma similar, afirmar que la parapolítica en la cual están involucrados miembros de la bancada uribista en su mayoría y la práctica sistemática de falsos positivos dentro de las Fuerzas Armadas no se hubieran detectado ni sancionado si no fuera por las políticas del gobierno actual, constituye una táctica torpe con la que Uribe simplemente evade su responsabilidad ante temas de enorme sensibilidad política. Y responder que “Colombia durante años reeligió a Manuel Marulanda” cuando le preguntaron en Washington por la segunda reelección, suena simplemente cínico.
Aunque es improbable que el presidente Obama introduzca un viraje total en las relaciones con Colombia, hasta ahora los vientos de cambio que se perciben en el ambiente político y económico estadounidense plantean críticos retos para el gobierno Uribe.
Un acercamiento más estratégico a la administración entrante y a los demócratas que controlan el Congreso tendría que comenzar con un reconocimiento más explícito de los graves problemas que enfrenta Colombia, sobre todo en ámbitos como los Derechos Humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la voluntad política para combatirlos. Algo imposible en la actual coyuntura interna pero, paradójicamente, indispensable para darle a la desgastada relación “especial” un nuevo rumbo.
* Profesora Titular, Departamento de Ciencia Política. Universidad de los Andes.