El Senado de México aprobó este viernes en general un dictamen para leyes reglamentarias de una ambiciosa reforma de telecomunicaciones que busca reducir el poder de los monopolios en el ámbito de la telefonía y la televisión, aunque los puntos más álgidos fueron reservados para una posterior discusión.
Aprobado con 80 votos a favor, 37 en contra, entre ellos algunos del Partido Acción Nacional (PAN, conservador) y la totalidad de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), el dictamen enviado por el presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sufrió algunas modificaciones, deberá ser aún aprobado por la Cámara de Diputados.
El dictamen discutido en periodo extraordinario durante poco más de nueve horas, «queda votado en lo general (…) con 300 (artículos en) reservas» que serán discutidas en las próximas horas, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes.
En general, las leyes complementarias fortalecen «de una vez y por todas la rectoría del Estado», lo que impulsará la inversión en infraestructura con fines de incrementar la cobertura y prestación de servicios en telecomunicaciones, dijo durante la discusión la senadora por el oficialista PRI, Graciela Ortiz.
Uno de los puntos más polémicos de las leyes secundarias de la reforma constitucional es el referente a qué se entiende por el concepto «preponderancia» de empresas poderosas, el cual quedó reservado para su discusión entre este viernes y la madrugada del sábado.
La discusión ha estado precedida de un acalorado intercambio de acusaciones entre empresas mexicanas del sector vinculadas a gigantes como Telmex y Telcel, del magnate Carlos Slim, y a Televisa, la mayor cadena de televisión de habla hispana en el mundo por ese concepto.
De acuerdo con el artículo 262 del dictamen, el recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (regulador) podría declarar «la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones», que acaparen más del 50% del mercado y que serían sometidos a una serie de obligaciones.
Los legisladores del PAN, PRD y otros grupos minoritarios que estuvieron en contra de la aprobación de la reglamentación opinaron que aunque el dictamen elimina los cobros especiales en llamadas de larga distancia nacional, el resto de la normativa implica retrocesos con respecto a las normas vigentes.