La denuncia a Juan Manuel Santos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte de dos grupos opositores venezolanos que le acusan de ocultar la supuesta partida de nacimiento colombiana del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es el enésimo capítulo de una situación que se viene complicando en las últimas semanas.
En primer lugar, la situación es muestra de la desacertada y obstinada estrategia de desacreditación que parte de la oposición viene llevando a cabo desde el mes abril, una vez que Maduro se impuso con un ajustado margen de victoria que, en ningún caso, ha sido aceptado por los partidarios de Henrique Capriles.
Más allá, en Venezuela nos estamos acostumbrando a que tanto oficialismo como oposición se sirvan de una sociedad sesgada, confrontada, donde todo argumento es válido para obtener mayores dosis de legitimidad y en la que subyace una lógica «amigo/enemigo» que no tiene otro perdedor que la misma Venezuela.
Ni el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela se han manifestado al respecto, como tampoco lo ha hecho Colombia. Razón ésta por la que se ha acusado a Santos de injerir en un asunto de vital trascendencia para Venezuela, al entender que se están vulnerando los compromisos adquiridos en la Convención de Bogotá de 1948, precursora de la OEA. Así, son los opositores a Maduro quienes invocan un supuesto nacimiento en Cúcuta del presidente venezolano que, de ser cierto, vulneraría el mandato constitucional que se requiere que para dirigir Venezuela, es decir, conforme al artículo 41, haber nacido en Venezuela y no gozar de otra nacionalidad.
Sin duda, la denuncia por «intromisión política» ante el organismo que tiene como secretario general al chileno José Miguel Insulza no parece que vaya a prosperar mucho más allá de lo anecdótico, contribuyendo más bien a enrarecer las relaciones colombo-venezolanas y a hacer valer la lógica de que todo vale para socavar la imagen de un Maduro legítimo por motivos que trascienden de la nacionalidad.
En definitiva nos encontramos, en el fondo, ante una nueva muestra de cuestionamiento a la figura del presidente venezolano, más bien, sintomático de una tendencia que, muy previsiblemente, va a continuar en este año, hasta que se celebren los comicios municipales del mes de diciembre, y que será cuando se pueda medir el grado de aceptación sobre el sucesor de Chávez. Hasta entonces, por desgracia para Venezuela, es de esperar que tanto de la oposición como del oficialismo sirgan emergiendo argucias de todo tipo que no sirven más para dificultar la gobernabilidad y alimentar el escepticismo de una sociedad, cada vez más, irremediablemente confrontada.
Profesor de la Facultad de Gobierno y RR.II de la Universidad Santo Tomás*