Los vecinos de Los Toldos, un pueblo del norte argentino y al que únicamente se accede desde Bolivia, pelean para que sus terrenos no sean subastados como parte de las propiedades de una empresa que enfrenta una enmarañada causa judicial.
Los terrenos del empobrecido poblado, en la provincia de Salta, fueron embargados debido a una deuda que arrastra la compañía Argencampo y que ha motivado un complejo proceso judicial, que llegó a la Corte Suprema de Argentina.
El caso derivó además en la intervención del Gobierno salteño, impulsor de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados para expropiar los terrenos de Los Toldos y regularizar la situación de sus 1.500 pobladores.
"En este territorio, de unas diez hectáreas, viven comunidades indígenas y campesinos. La gente tiene su lógica preocupación por la situación, pero la provincia está trabajando para tratar de resolver el problema", explicó el fiscal del Estado Ramiro Simón Padrós.
Según el alcalde de Los Toldos, Eleodoro Iriarte, "el problema de las tierras viene de hace mucho tiempo, pero el remate no corresponde porque los pobladores son los verdaderos dueños".
La historia se remonta a 1925, cuando Argentina y Bolivia firmaron un tratado por el que Los Toldos, cercano al río Bermejo y cuya única vía de acceso es a través del sur de Bolivia, pasó a pertenecer a Argentina.
Muchos habitantes del pueblo, situado unos 1.800 kilómetros al norte de Buenos Aires, "tienen aún títulos de dominio de su propiedad otorgados por Bolivia y otros tienen posesión desde hace mucho tiempo, pero sin títulos de dominio", apuntó el fiscal.
El conflicto se debe a que la empresa Argencampo adquirió propiedades en Salta, entre las cuales se encuentran los terrenos de Los Toldos, en una operación "irregular" porque "ya había personas con títulos en esos terrenos", recordó el fiscal de Estado, dependiente del gobierno provincial.
"Luego de esa compra, Argencampo figuró como garantía de un crédito otorgado por el Banco de Crédito Argentino a la firma Calesa. Esta última empresa no pagó la deuda y, como esa institución dejó más tarde de existir, el Banco Central inició la ejecución hipotecaria de los terrenos de Argencampo, donde está el pueblo", detalló Simón Padrós.
En medio de este conflicto legal, la jueza Graciela González Echeverría ordenó en 2005 la subasta de los terrenos, por lo que Argencampo interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, que solicitó este año informes sobre el caso al gobierno de Salta, a cargo del oficialista Juan Manuel Urtubey.
La administración provincial "envió una contestación con un informe de los antecedentes del caso y del proyecto de ley existente, con media sanción, para expropiar el territorio, que esperamos que se trate en los próximos días", sostuvo el fiscal.
"Nosotros somos todos poseedores, algunos tienen muchos años viviendo aquí y las escrituras han pasado a través de varias generaciones. No es justo que pase esto, somos un pueblo aislado, que nos dedicamos a la hacienda y a la agricultura", aseguró a Efe Catalino Tapia, un vecino de la zona, de 58 años.
El intendente Iriarte se ilusiona con la posibilidad de que se resuelva la situación que afrontan los pobladores, que para llegar a la capital salteña o a cualquier otro punto del país deben cruzar un puente internacional a Bolivia situado a unos 20 kilómetros y recorrer otros 90 kilómetros por una ruta de la nación vecina para luego poder ingresar a una carretera argentina.
"Soñamos con poder crecer como pueblo, tenemos un lindo valle, el parque nacional Baritú cerca y ganas de prepararnos para poder ofrecer mejores servicios al turista", afirma Iriarte.