Dos integrantes de un órgano de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño dijeron este viernes en una conferencia en Montevideo que Uruguay debe dar participación a niños y adolescentes en la elaboración de las políticas públicas que les conciernen.
Jorge Cardona y Sara Oviedo, miembros del Comité de los Derechos del Niño, con sede en Ginebra, visitaron Uruguay y se reunieron con representantes del Gobierno y la sociedad civil, tras haber recibido en enero a una comitiva del país suramericano para elaborar recomendaciones en materia de derechos de niños y adolescentes.
Oviedo comentó que los intereses y demandas de este grupo están «muy invisibilizadas», ya que la «visión tutelar» que ha prevalecido hacia ellos no los considera como «sujetos de derecho» plenos.
Asimismo, según esta socióloga ecuatoriana, los adolescentes están sufriendo «el principal peso» de esta concepción de sus derechos, ya que además son víctimas de la «estigmatización».
Durante la visita al país suramericano, los relatores constataron en sus reuniones con grupos de adolescentes la alta tasa de deserción de la educación formal en esta franja etaria.
Para Oviedo, el fenómeno pone de manifiesto la crisis del sistema de educación secundaria, «en el que no cabe la palabra de los adolescentes» y con un sindicato fuerte que tiene «amordazado» el debate sobre cambios en el sistema.
«El sistema educativo tiene que cambiar (…) con la consulta y la participación de los adolescentes. (…) Los retos vistos desde el desarrollo natural que (Uruguay) espera alcanzar plantea la necesidad de ponerse a revisar el sistema educativo», dijo Oviedo.
Por su parte, Cardona felicitó al país por los esfuerzos por la protección de los menores en Uruguay, en especial por la ratificación del tercer protocolo sobre la Convención de los Derechos del Niño, que permite a los niños reclamar sus derechos ante los sistemas de protección internacionales.
Cardona, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Valencia (España), manifestó que el Poder Judicial uruguayo debe «incrementar su sensibilidad» hacia los derechos de niños y adolescentes, mediante «el reciclaje y la formación continua» para que prevalezcan los derechos de los niños sobre la «seguridad jurídica excesiva».
El académico señaló que Uruguay debe apostar por sistemas de «justicia restaurativa, de inserción y rehabilitación» para disminuir los delitos en jóvenes, para contrarrestar el sistema de justicia juvenil actual, de carácter represor, en el que «no hay centros de rehabilitación sino cárceles para niños».
Ambos relatores y los representantes de la sociedad civil presentes en la mesa coincidieron en que las recomendaciones llegan en un buen momento, ya que en este momento el país discute su presupuesto nacional para los próximos cinco años.
Según Cardona, es preciso «cambiar mentalidades», ya que actualmente «se hacen políticas para cumplir los presupuestos» y no a la inversa, lo que calificó como «una situación absurda».
El debate sobre la justicia juvenil dividió al país en 2014, cuando el electorado rechazó por una minoría escasa un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
Asimismo, el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez planteó como una de sus prioridades la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, en el que está prevista la atención a la primera infancia.