El gobierno de Hugo Chávez desprecia las garantías constitucionales y los derechos humanos. A esta conclusión llegó la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe que evalúa el estado de la democracia en Venezuela.
El documento, presentado este miércoles en Caracas por José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de HRW, señala que las políticas adoptadas por el Gobierno afectan la libertad de asociación de los trabajadores, la libre expresión y la capacidad de la sociedad civil para promover los derechos humanos.
“Venezuela no logrará avances en el fortalecimiento de su Estado de Derecho si su Gobierno continúa ignorando los principios de derechos humanos contemplados en los tratados internacionales”, aseguró Vivanco.
La publicación, sustentada en investigaciones realizadas entre diciembre 2006 y julio de 2008, y contrastada con estudios que datan de 2002, concluye que la democracia venezolana está limitada porque el Ejecutivo controla las instituciones judiciales y condena la oposición política con los fantasmas del pasado.
“En algunas oportunidades, el Presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. Ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos y golpistas, independientemente de que éstos tuvieran o no alguna relación con el golpe de Estado de 2002”, reza el informe Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.
Al mismo tiempo, HRW denuncia que en Venezuela se despide a los opositores de las entidades públicas, como la estatal petrolera Pdvsa, y son incluidos en listas negras; también se les niega el acceso a programas sociales a los ciudadanos con opiniones políticas diferentes y se ha iniciado una campaña de discriminación contra medios de comunicación, sindicatos y organizaciones civiles.
“Hacen falta instituciones que sean capaces de hacer frente y terminar con prácticas estatales abusivas. Por sobre todo, es necesario un Poder Judicial independiente, competente y con credibilidad”, consigna el estudio.
Para la prensa venezolana, el informe de HRW está lleno de temas recurrentes, pues el gobierno ha copado todas las instituciones estatales, incluso los organismos de control. “El único poder público que no está secuestrado por el Ejecutivo es el poder mediático”, sostiene Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, de Caracas.
Sin embargo, y de acuerdo con Otero, el Gobierno tiene la intención de ejercer una hegemonía comunicativa, como lo expresa el Plan Nacional 2008-2013. “La prensa lleva ocho años denunciando violaciones del gobierno a los derechos humanos”, agrega.
Para el oficialismo venezolano, la realidad es totalmente diferente. “En Venezuela hay absoluta libertad de prensa. A veces hay un relajo en esta materia. Aquí la radio y la televisión se refieren al Presidente en los peores términos”, aclara el diputado parlamentario Gustavo Hernández, para quien la publicación de este informe tiene otras intenciones: “Es una declaración que se hace en medio de una campaña electoral. Podría tener la intención de favorecer a la oposición”.
Garantías democráticas e independencia judicial, son las recomendaciones de HRW al gobierno venezolano.