Los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca (Veracruz) hace dos semanas, crearon un grupo en Facebook llamado “Ayúdenos a encontrarlos”. En una de sus entradas escribieron: “Aquí en Veracruz la Policía secuestra y roba inocentes”. La afirmación está basada en un video publicado la semana pasada, en donde se ve a una patrulla de la Policía mexicana que, tras una inspección rutinaria, se lleva a los muchachos. Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O, todos entre los 22 y los 27 años, habrían sido entregados a los Zetas, el cartel que regenta la región.
“Somos familias honradas y trabajadoras —dijeron ayer los padres a través de un comunicado—; lo único que queremos es poder tener de vuelta a nuestros hijos en casa (…). Al presidente Enrique Peña Nieto le recordamos que en Veracruz no hay #MisiónCumplida”. Esas habían sido las palabras de Peña Nieto cuando fue recapturado el Chapo Guzmán: “Misión cumplida: lo tenemos”. Tres días después desaparecieron los cinco y hasta ahora han sido detenidos siete policías. Ninguno ha confesado el secuestro.
El caso, como la mayoría de desapariciones en México, carece de respuestas precisas. En la revista Proceso, un reportaje reciente señala al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de dar “bandazos” y ser incapaz de definir una línea de investigación. Duarte tiene de qué preocuparse: lejos de ser un caso aislado, según las cifras oficiales 675 personas han desaparecido de manera forzosa en Veracruz. El fiscal de justicia del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dice que son 950. Un conteo de las últimas dos semanas certifica que la violencia del narco es usual: el 20 de enero, fueron encontrados los restos de tres personas; días después, dos fosas con quince cuerpos fue descubierta en Tierra Blanca.
En México, según guarismos de la ONU, más de 23.000 nacionales han desaparecido (30 % de ellos menores de edad). La red que los esfuma de la tierra está compuesta por policías, militares y narcos, que participaron, por ejemplo, en el secuestro de 43 estudiantes de una escuela normal de Ayotzinapa en 2014. En esa ocasión habría sucedido lo mismo que los cinco de Veracruz: los habrían entregado al cartel dominante. Su suerte es desconocida. El periodista Darwin Franco escribió en su blog Televidencias: “Estamos lamentablemente frente a la misma tragedia (que en Ayotzinapa) porque en Veracruz también la policía hace el trabajo sucio del narco. Allá los policías servían a Los Rojos; en Tierra Blanca a Los Zetas”.
Sin embargo, las víctimas han dicho que habría menos impunidad si el Gobierno fomentara las pesquisas de rigor, en un ambiente libre de corrupción. De acuerdo con Human Rights Watch, el gobierno de Peña Nieto ha impulsado desde 2013 una unidad de la Procuraduría General dedicada a la búsqueda de los desaparecidos, “pero ha logrado resultados limitados”. Al mismo tiempo, según cuentan los padres de las víctimas de Ayotzinapa y Veracruz, miembros del Gobierno han acusado a los desaparecidos de estar en malos pasos.
En diciembre pasado la ONU pidió al Gobierno mexicano que protegiera a las familias de los desaparecidos y que diera respuestas a sus pedidos. Por esos días, Peña Nieto anunció que una ley contra la desaparición forzada sería aprobada en el Congreso mexicano; sin embargo, la ley sigue atorada. De modo que la única opción que les resta a los padres es congregarse. Un reportaje de la revista mexicana La Silla Rota recuerda que en Veracruz existen cuatro asociaciones que reúnen cerca de 85 casos de desaparición. A través de ellas, los padres y familiares se enteran del encuentro de fosas comunes y luego, si existe alguna posibilidad de que ése sea su desaparecido, acuden a las oficinas forenses a identificar los cuerpos. Agrupaciones como Solecito Veracruz, Colectivo por la Paz (que calcula los desaparecidos en Veracruz en más de mil) y la Organización de Familias Córdoba Orizaba se presentan como una posibilidad en medio de la incertidumbre.