El pasado jueves el vicepresidente argentino Amado Boudou, prendió el ventilador para defenderse de las acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por las cuales lo investigan, y sembró en el núcleo del kirchnerismo un ambiente de incomodidad y división. “Hacéte cargo”, le habría pedido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner algunos días atrás, cuando las evidencias comenzaban a parecer innegables. El vicepresidente decidió salir al ataque y dejó más heridas abiertas que las que logró cerrar.
El escándalo estalló en febrero cuando Laura Muñoz denunció en los medios que su exesposo, Alejandro Vanderbroele, actuaba como testaferro de Boudou. Hoy, una maraña de conexiones y empresas ficticias son las que tienen al vicepresidente bajo la mira de la justicia. Es investigado por su relación con la imprenta Ciccione Calcográfica, contratada por el Banco Central para imprimir 1.205 millones de billetes de 5,50 y 100 pesos.
Esta imprenta se declaró en quiebra ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en junio de 2010, cuando Boudou actuaba como ministro de Economía. Tan sólo tres meses después, se pediría ante el mismo organismo que se levantara dicha quiebra, después de que Alejandro Vanderbroele, abogado y empresario, mostrara interés en comprar la empresa.
El entonces ministro habría pedido directamente a la AFIP interceder por la imprenta, y un par de meses después, enviaría una petición al mismo organismo pidiendo que dieran una moratoria excepcional a Vanderbroele: la imprenta, sería adquirida por un fondo creado apenas unos días antes. De inmediato las preguntas giraron en torno a la relación Boudou–Vanderbroele. El vicepresidente negó siempre cualquier vínculo con la imprenta Ciccione y con su dueño.
Lo encontrado el miércoles por el juez, tras allanar una de las propiedades de Boudou, en el exclusivo barrio de Puerto Madero, sorprende. El apartamento no sólo estaba alquilado a Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Vanderbroele, sino que en su interior se encontraron recibos de pago de cuotas de administración y de servicios públicos, a nombre del ahora dueño de Ciccione.
Al ver las fotos de los diarios del jueves, que mostraban el operativo de allanamiento, el vicepresidente estalló en cólera. Citó a una rueda de prensa ese mismo día y arremetió contra todos: los medios, los jueces y el procurador general. Durante 40 minutos se despachó contra unos y otros, sin dar mayor respuesta a las cuestiones por las que se le investiga. Acusó primero al juez Daniel Rafecas por filtrar información a los medios. Habló de fotos en las que aparece el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, junto con un conocido proxeneta. Calificó al gerente de Clarín, Héctor Magnetto, de jefe de una mafia que golpea a las instituciones.
Luego habló de sobornos. Acusó a la empresa Boldt (principal imprenta competidora de Ciccione), de ofrecerle dinero; a Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio, de intermediar en dicho soborno; a Esteban Righi, Procurador General de la Nación, de ofrecerle mediar con la rama judicial. Terminó cargando incluso contra gobernadores de Buenos Aires, incluyendo al actual kirchnerista Daniel Scioli, acusándolos de entregar concesiones sin licitación a Boldt desde 1993.
Les pegó a todos. Había mucho que aclarar, pero el vicepresidente no aclaró nada y sembró un mar de acusaciones que dividieron al kirchnerismo. Aunque varios senadores, ministros y miembros de La Cámpora apoyaron a Boudou, en la plana mayor del Gobierno reina cierto malestar por el ataque al juez y al Procurador. Algunos piensan, incluso, que el vice rockstar debería renunciar.
Pero Boudou no cede y hoy pedirá al Consejo de la Magistratura que abra una investigación contra el juez. Entre tanto, sus problemas legales se multiplicarán. Tras sus declaraciones del jueves será investigado por sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción. El problema es que ahora, el vicepresidente Boudou se está convirtiendo en un dolor de cabeza hasta para la presidenta.