En la historia de Cataluña hay un dato curioso: su fiesta nacional se celebra el 11 de septiembre, en recuerdo de la misma fecha de 1714, cuando la región sucumbió al trono de España y perdió sus instituciones de autogobierno. Para una región que hoy busca la independencia de la corona española, semejante celebración resulta paradójica. La independencia, que ha sido el objeto preciado de ciertos movimientos políticos de Cataluña, tiene hoy un tinte distinto: 72 diputados de su Parlamento votaron a favor de la separación (63 en contra) y, a través de una resolución, dispusieron la creación de nuevas “leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública”. Dicho de otro modo, el Parlamento comenzará, sin reconocer el poder del gobierno español, un proceso para tomar forma como país. (Vea en imágenes:Grandes fechas que marcaron la historia de Cataluña)
Sin embargo, en el camino se topa con varios obstáculos, algunos legales y otros políticos. Por una parte, aunque en una “consulta alternativa” (como la llamó el presidente regional, Artur Mas) del 9 de noviembre de 2014 el 80% de los catalanes eligieron la independencia de su región, sólo hubo una participación del 37%, lo que no permite hacer un balance adecuado del apoyo popular a esta iniciativa. (Vea: Mariano Rajoy reacciona e intentará frenar independencia de Cataluña)
En ese mismo sentido, la victoria de los 72 diputados, miembros de los partidos Juntos por el Sí y CUP, fue muy cerrada y todavía carece de un apoyo popular real, pese a que en los últimos años, a causa de la crisis y de constantes roces entre el gobierno de Cataluña y el gobierno central, el número de secesionistas habría aumentado. Además, las formaciones que apoyan la separación de España no constituyen una mayoría en el Parlamento catalán (obtuvieron el 47,8% de los votos en las elecciones del 27 de septiembre).
Por otro lado, aunque es una comunidad autónoma, Cataluña aún se rige bajo la ley española. Es decir, la ambición de los secesionistas de desdeñar la autoridad constitucional de España es, por lo menos en términos legales, imposible. De acuerdo con el presidente español, Mariano Rajoy, la resolución catalana será enviada al Tribunal Constitucional, que de aceptarla (como se sospecha) tendrá que decidir sobre su validez en un plazo de cinco meses. En ese período, la resolución se suspende. El gobierno español tiene armas adicionales: según la Constitución nacional, si una comunidad autónoma incumple sus deberes, el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso” de los deberes, con el apoyo de la mayoría del Senado.
El Gobierno también tiene la capacidad de cortar las contribuciones económicas hacia la región y en las últimas semanas fue aprobada una reforma que le permite al Tribunal Constitucional inhabilitar a los funcionarios públicos que desobedezcan sus sentencias. Los secesionistas de Cataluña están, entonces, atados por el artificio legal. Por ejemplo, si quisieran cambiar el régimen de seguridad social, se enfrentarían a las competencias exclusivas del Estado, desglosadas en el artículo 149 de su Constitución. Formular un nuevo sistema de hacienda, como se pretende, está en la región del ensueño. En un caso extremo, si el Parlamento insiste en la aplicación de sus deseos, existen armas legales para anular la autonomía de Cataluña.
La pretensión del Parlamento catalán se cierra con un referendo que se ejecutaría en 2017. En caso de que las nuevas administraciones prosperen y Cataluña se prepare en la forma para su independencia, este referendo podría tener la misma suerte que la consulta liderada por Mas en noviembre de 2014, que fue declarada ilegal por el gobierno español y sigue sin tener ninguna suerte de efecto.
Las razones del gobierno de Rajoy para impedir la independencia de Cataluña superan el umbral constitucional (la Carta Magna está fundamentada en la “indisoluble unidad de la Nación española”). Cataluña, con sus 7,5 millones de habitantes, aporta casi el 20% del PIB nacional y tiene una quinta parte de la riqueza española. La cuestión electoral también está en la fórmula: el 20 de diciembre habrá elecciones legislativas, donde el proyecto secesionista de Cataluña tendrá voz y voto. Entre tanto, el Parlamento catalán comienza la discusión sobre la investidura del presidente regional, que sería de nuevo Mas, el secesionista.