El Gobierno de Polonia, en cabeza de Andrezj Duda, vinculado al ultraconservador partido Ley y Justicia (Pis), buscaba desde hace tiempo la politización del sistema judicial, mediante una controvertida reforma a la justicia, que entró en vigor este martes. ¿En qué consiste y por qué es tan polémica?
La reforma Las trece leyes aprobadas en Polonia, en el marco de la reforma judicial, violan el principio de la supremacía del derecho y permiten a las autoridades controlar el poder judicial. Una de las normas más polémicas, que comienza a regir esta noche, adelanta la edad de jubilación obligatoria de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 65 años. Esto puede suponer la salida forzosa de 27 de los 72 magistrados antes de que finalice su mandato.
La Comisión Europea (CE) sostiene que 13 de las leyes aprobadas en Polonia en el marco de la reforma judicial violan el principio de la supremacía del derecho y permiten a las autoridades políticas controlar el poder judicial.
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El órgano ejecutivo de la UE envió a Varsovia cuatro recomendaciones para que la legislación polaca se pusiera en conformidad con las normas vigentes en la Unión Europea.
Además amplía el número total de jueces a 120, con lo que se estima que unos dos tercios de ellos podrán ser nombrados a dedo por el partido en el poder.
La jueza jubilada El presidente polaco dio el primer paso para aplicar la reforma. Anunció la jubilación de la presidenta de la Corte Suprema, Malgorzata Gersdorf, Ella, sin embargo rechaza de plano abandonar su cargo.
«En relación a mi estatuto de presidenta del Tribunal Supremo, no cambia tras mi conversación con el presidente de la República. Mañana iré a trabajar, porque la Constitución establece mi mandato en seis años (hasta 2020)», indicó Gerdorsf durante una compareciencia ante el parlamento.
Tras salir de una reunión con el presidente Andrzej Duda, la jueza designó a un juez de la Corte Suprema para reemplazarla «en caso de ausencia», explicó su portavoz.
Los magistrados afectados prevén ingresar a su trabajo en procesión, vistiendo sus togas y acompañando a Gersdorf, este miércoles.
Conflicto con la Comisión Europea El conflicto no es solamente interno, sino que opone al gobierno en Varsovia con la Comisión Europea. El gobierno no da muestras de cambiar su propuesta ni suavizar las tensiones.
El ejecutivo europeo, garante de los tratados, envió el lunes un aviso formal que Polonia tiene un mes de plazo para responder. Esta es la primera etapa de un proceso que podría llegar hasta la Corte de Justicia de la UE (CJUE) y que prevé eventuales sanciones financieras.
Línea roja Desde el punto de vista de Bruselas, hay una «línea roja» que no se debe cruzar, incluso si los jueces concernidos pueden solicitar al presidente de la República continuar trabajando. Ante esta opción el mandatario no tendría cómo justificar su decisión discrecional.
Esta medida, que entra en vigor la medianoche del 3 de julio, afecta a 27 jueces, más de un tercio del total de magistrados en la Corte. Entre ellos, 16 pidieron al presidente prolongar su mandato, 11 no se manifestaron pero podrían intentar mantenerse en sus puestos, invocando su inamovilidad prevista por la ley fundamental, que marca el principio de independencia judicial.
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Los conservadores en el poder consideran que la reforma de la Corte Suprema es parte de un esfuerzo indispensable para romper una casta de jueces, a quienes consideran corruptos y descendientes de sus predecesores comunistas.
Por el contrario, la oposición de centro, estima que el oficialista Partido Ley y Justicia (PiS) busca controlar el aparato judicial para un dominio total de las instituciones del Estado y viola uno de los principios fundamentales de la democracia que es la separación de poderes.
La postura de la Comisión Europea se inclina hacia la oposición polaca. Los sondeos muestran que el 70% de los polacos se oponen a la reforma de la justicia.