La próxima semana la Corte Constitucional de Italia determinará si es viable el mantenimiento de una norma jurídica que impide adelantar actuaciones penales contra el Primer Ministro, lo que puso puntos suspensivos a dos juicios que se adelantaban contra el actual ocupante del alto cargo, Silvio Berlusconi.
La llamada “Ley de impedimento”, que entró en vigencia en marzo de 2010, llevó a la supensión del juicio contra el jefe del Gobierno por supuesto soborno y por la compra ilegal de derechos televisivos.
Al parecer, Berlusconi le entregó más de 600 mil dólares al abogado inglés David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos que se adelantaban en contra del dirigente entre 1997 y 1998.
Versiones preliminares indican que los magistrados de la Corte llegarán a una conclusión el jueves 13 de enero; de emitir un concepto desfavorable a la norma, el Primer Ministro italiano deberá volver a los estrados judiciales para defenderse de los cargos de los cuales se le acusa.
Ya en 2009 la misma Corporación había dejado sin efectos jurídicos la denominada Ley Alfano, que otorgaba inmunidad penal a quienes ocuparan los cuatro máximos cargos del Estado, entre ellos el de Primer Ministro.
En ese entonces, Silvio Berlusconi criticó severamente la posición de la Corte y atribuyó su decisión a supuestas convicciones políticas de izquierda por parte de los magistrados.