Crece en Italia la insurrección contra la llamada ley mordaza. Periodistas, juristas, televisiones, editores y estudiantes siguen manifestando su indignación. Un maratón de protesta ante Montecitorio, la sede de la Cámara de Diputados, marcó el viernes la expansión de la revuelta contra la norma que ultima el Gobierno de Silvio Berlusconi, empeñado en restringir tanto el uso de las escuchas telefónicas en las investigaciones policiales o judiciales como en prohibir su publicación en los medios de comunicación. La nueva ley, que se encuentra en la fase de presentación de enmiendas en la Comisión de Justicia del Senado, prevé, entre otras cosas, limitar las escuchas a aquellos casos en que un juez detecte “graves indicios de delito”, e imponer multas elevadísimas a los periodistas y editores que publiquen el contenido de las conversaciones captadas antes de la primera audiencia del juicio. Los editores que permitan que se conozcan las escuchas deberán pagar medio millón de euros de multa.
Ante la avalancha de críticas recibidas, el Gobierno decidió el viernes dar una pequeña marcha atrás y rectificó la enmienda que preveía castigar a los periodistas con dos meses de cárcel y la suspensión temporal del permiso profesional. De los dos meses de prisión se pasa a un mes; de los 10.000 euros por publicar actas judiciales se pasa a 5.000, mientras los 20.000 euros previstos por hacer públicas las escuchas se reducen a 10.000, según anunció el ponente de la ley, Roberto Centaro, tras reunirse con el ministro de Justicia, Angelino Alfano, y el abogado de Berlusconi, Niccolò Ghedini, el verdadero creador de la reforma. Así y todo, el proyecto legislativo sigue suscitando temor e inquietud. Y ha traspasado fronteras.
En un movimiento insólito, un miembro de la Administración de Barack Obama advirtió el viernes de que las escuchas son “un elemento esencial de las investigaciones” contra la mafia que no debe ser limitado. El subsecretario de Justicia estadounidense encargado de la lucha contra el crimen organizado, Lanny Breuer, comentó a la prensa en la Embajada de su país en Roma que EEUU “no quiere que suceda nada que impida a los jueces italianos seguir haciendo el excelente trabajo que han hecho hasta ahora”. El fiscal de Palermo Nino di Matteo explicó por su parte que si la ley solo autoriza a investigara los sospechosos de haber cometido graves indicios de delito, “reducirá a cero las investigaciones contra la mafia e impedirá determinar la implicación de empresarios y políticos”.
El Gabinete de Berlusconi y la mayoría del partido del primer ministro, Pueblo de la Libertad (PDL), han decidido acelerar la reforma coincidiendo con la publicación de escuchas e interrogatorios judiciales relativos al escándalo de corrupción de Protección Civil, que han obligado a dimitir al ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola. Los nombres de otros ministros y de varios altos cargos del PDL y del Vaticano han salido también a la luz gracias a las escuchas realizadas en esa investigación.
La prensa de todas las tendencias ha hecho piña, por una vez, en su rechazo a la ley mordaza. Vittorio Feltri, director de Il Giornale, propiedad del hermano Berlusconi, rogó el viernes a éste que no siga adelante con una norma “liberticida y anticonstitucional”. Mientras, la cadena de televisión Sky, propiedad de Rupert Murdoch, anunciaba que, en caso de que el decreto sea aprobado, lo recurrirá ante la Unión Europea. Los juristas y los sindicatos de prensa prometen redoblar sus esfuerzos contra “la censura y el riesgo para la libertad de información y pensamiento”. El movimiento opositor Pueblo Violeta ha organizado un envío masivo de correos electrónicos al presidente de la República pidiéndole que no firme la ley. Además, 150.000 ciudadanos han suscrito el manifiesto titulado “Libertad y participación informada”. Berlusconi siempre ha dicho que las escuchas son un instrumento “bárbaro e incivil” que no respeta la intimidad de los ciudadanos cuando se usa de forma indiscriminada y se publica sin filtros. Otros argumentos esgrimidos por miembros de la mayoría provocan mayor estupor. La secretaria de Estado Daniela Santanchè alegó esta semana que “también la intimidad de los capos mafiosos es inviolable”.