“No me importa dónde se produce la vacuna siempre que esta sea segura”, le dijo Lyudmyla Boiko, una empleada ucraniana a The New York Times. Pero, a diferencia de ella, al gobierno ucraniano sí le importa la procedencia de las inyecciones.
Mientras el mundo está ansioso por recibir las dosis de vacunas contra el coronavirus, hay naciones que no permitirán la entrada de suministros que provengan de sus rivales geopolíticos. Ucrania es solo uno de los ejemplos, pero quizás es el que ilustra mejor cómo la vacunación ha sido politizada en detrimento del bienestar de los ciudadanos.
El pasado viernes, el Parlamento de Ucrania prohibió en el país el uso de la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia, aún cuando la eficacia de esta ya fue demostrada por The Lancet. Pero la decisión no tenía que ver con las preocupaciones científicas sobre su eficacia, sino con política. Y en su caso, el temor a recibir la vacuna de Rusia es justificado.
“Durante las últimas décadas, y especialmente durante los siete años anteriores de guerra no declarada, Ucrania ha aprendido bien qué es la guerra híbrida”, dijo Yanzhong Huagn, viceministro del Consejo de Relaciones Exteriores de Ucrania.
Para Huagn, como para Kiev, el debate sobre la vacuna rusa es una cuestión de seguridad nacional. Después de todo, los dos países han estado en desacuerdo por la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y la participación de Moscú en el conflicto regional de Donbass que ha dejado más de 14.ooo muertos, según estimaciones. Hay que tener en cuenta que el conflicto no ha terminado, por lo que las amenazas a la seguridad son latentes.
“No podemos confiar en una empresa estatal rusa durante una agresión durante una agresión armada contra Ucrania”, dijo Arsen Zhumadilov, director de adquisiciones médicas del gobierno ucraniano.
Las condiciones del conflicto entre Rusia y Ucrania hacen que la distribución de la vacuna Sputnik V sea mucho más difícil en el país. En Kiev ponen en consideración que, aunque Moscú les ofrece un salvavidas, su intervención militar ha costado miles de vidas y deben ser precavidos.
“Es razonable decir, como señalan los rusos en voz alta, que el acceso a las vacunas debe trascender la geopolítica, y que todos deben obtener vacunas de alta calidad desde donde se pueda. Pero también es ingenuo ignorar las implicaciones geopolíticas”, le dijo Judyth Twigg, profesora de la Virgina Commonwealth University a The Washington Post.
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El panorama para los ucranianos se complica aún más ante la demora de la llegada de las vacunas europeas y estadounidenses. Este escenario ha sido aprovechado por Moscú que ha avivado una guerra de información. Los medios y políticos prorrusos que han acusado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de dejar que su pueblo muera debido a su obstinación, buscando sembrar una brecha en las relaciones de la ciudadanía con Occidente.
Pero Ucrania no es el único país que se ve atrapado en la disyuntiva de aceptar vacunas de su enemigo o dejar que su población continúe esperando por la inmunización. En enero, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán también prohibió la entrada de vacunas de China temiendo que Beijing, que reclama soberanía sobre la isla, usara las inyecciones como una herramienta de “propaganda política”.
Sin embargo, el caso de Taiwán no es tan preocupante como el de los ucranianos y sin duda es menos grave que el de Irán, otra nación que por perseguir una lógica nacionalista ha prohibido la llegada de vacunas contra el coronavirus.
Aún cuando el número de contagios en su país es preocupante, el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo iraní prohibió en la primera semana de enero las vacunas de Estados Unidos y Reino Unido debido a que no confiaba en ellas y consideraba que buscaban “contaminar otras naciones”. La confianza, otra vez, trascendía el plano científico y estaba encapsulada en el debate político.
El Consejo Médico de Irán, cabe destacar, rechazó el anuncio, e indicó que todas las decisiones deben basarse en la ciencia. Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, también reprocharon la decisión de Jamenei.
“Los iraníes tienen derecho a acceder a vacunas contra el COVID-19 seguras, efectivas y asequibles lo antes posible. Las decisiones sobre qué vacuna asegurar para el público deben basarse en principios de salud pública y derechos humanos en lugar de cálculos políticos descarados”, dijo Tara Sepehri Far, investigadora de Human Rights Watch en Irán.
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