El Gobierno británico vetó la publicación de las actas con las deliberaciones del Gabinete que presidía Tony Blair al ir a la guerra de Irak. Su publicación fue ordenada en enero por el Tribunal de la Información, pero el ejecutivo actual ha decidido aplicar por primera vez el veto que le confiere la ley de Libertad de Información.
La decisión fue anunciada en los Comunes por Jack Straw, ahora ministro de Justicia pero en aquellos tiempos, marzo de 2003, jefe del Foreign Office y como tal uno de los políticos más implicado en la decisión de invadir Irak. Es lo que en otros ámbitos de la vida se llamaría ser juez y parte. Como era de esperar, Straw no justificó el veto alegando que las actas de Irak quizás contengan información delicada, sino apelando de manera grandilocuente a una cuestión de principios. "El Gabinete es el pináculo de la maquinaria de toma de decisiones del Gobierno. Ese asunto -decidir si la nación se embarcaba en una acción militar- era indisputablemente de lo más serio", dijo, pomposo. Y apeló al carácter colegial de las deliberaciones: "La responsabilidad de las decisiones del Gabinete como un todo no es de los ministros individualmente (…), ese sigue siendo uno de los principios del código ministerial". "La concomitante responsabilidad colectiva es que el debate es confidencial", concluyó.
"Esto tiene más que ver con evitar una posición embarazosa que con proteger el sistema de Gobierno", ironizó el portavoz de los liberales. Los tories cuestionaron que "alguien que estuvo implicado tan de cerca en las decisiones clave sea ahora quien bloquee personalmente la difusión de esa información". Pero, quizás pensando que pronto estarán ellos en el Gabinete, apoyaron el veto.
La decisión no ha sido una sorpresa porque está en línea con la tradición de proteger al establishment que caracteriza a la democracia británica, practicada reiteradamente en los últimos años: Menezes. La fiscalía impidió que se procesara penalmente a policías. El juez prohibió al jurado dictar sentencia condenatoria.
BAE Systems. Blair ordenó parar una investigación sobre sobornos a la familia real saudí en contratos de armamento. Venta de honores. Contra el criterio de Scotland Yard, la fiscalía renunció a procesar a íntimos colaboradores de Tony Blair.
Torturas. Londres pidió a Washington que presionara a la justicia británica para impedir la publicación de documentos que podrían probar que las acusaciones contra Binyam Mohamed, preso de Guantánamo liberado el lunes, se obtuvieron bajo tortura.
Irak. Nunca ha habido una investigación independiente. Todas se han hecho con limitaciones impuestas por el Gobierno.
Caso Kelly. El Gobierno fue absuelto de "hacer más sexy" un informe sobre Irak pese a numerosas evidencias sobre sus presiones para exagerar el peligro que suponía Sadan Hussein.
El Mayordomo. La reina recuperó repentinamente la memoria y paralizó un juicio que podía haber perjudicado seriamente la imagen del príncipe Carlos, heredero de la corona.