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La nueva península rusa

La anexión de Crimea a Rusia agudiza la crisis entre Moscú y Occidente y pone ante una disyuntiva los proyectos independentistas de Cataluña y Escocia.

18 de marzo de 2014 - 09:16 p. m.
El presidente ruso, Vladimir Putin, une sus manos a las del primer ministro de Crimea, Serguéi Axionov (izq.), el presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, y el jefe de la administración de Sebastopol, Alexei Chaliy (der.). / EFE
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Dos días después de que los habitantes de la península ucraniana de Crimea votaran con una amplia mayoría (97%) a favor de su unificación con Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio un histórico discurso ante el pleno del Parlamento y los jefes de todas las regiones de su país, en el que confirmó la anexión de Crimea, antes de firmar el acuerdo por el cual esta región se convirtió en miembro de la Federación Rusa.

El tratado suscrito por Putin, el primer ministro de Crimea, Serguéi Axionov, el jefe del Parlamento, Vladimir Konstantinov, y Alexéi Chali, el jefe de Sebastopol (que se convirtió en una ciudad federada de Rusia, donde tiene su base principal la flota rusa del mar Negro), indica que los habitantes de Crimea tendrán la ciudadanía rusa si “en el plazo de un mes no declaran su voluntad” de mantener su actual ciudadanía. También señala que se establecen allí tres idiomas oficiales: ruso, ucraniano y crimeo-tártaro, teniendo en cuenta que de los dos millones de habitantes de Crimea, cerca del 60% son rusos, 24% ucranianos y 12% tártaros. La población de Crimea se adapta a su nuevo horario (la hora de Kiev fue cambiada por la de Moscú), así como a la sustitución de la moneda oficial: la grivna, la moneda ucraniana, será reemplazada gradualmente, hasta el 1º de enero de 2016, por el rublo.

Con la anexión de Crimea, Rusia agudiza sus diferencias con EE.UU. y la Unión Europea y a la vez pone ante una disyuntiva los proyectos independentistas que se desarrollan en Cataluña y Escocia. Ahora, catalanes y escoceses tienen que decidir si tomar a Crimea como un referente de su iniciativa independentista, lo que equivaldría a ponerse del lado de Rusia en la defensa del derecho que tiene un pueblo a tomar sus decisiones. Al respecto, Putin hizo referencia a la opinión consultiva emitida en 2010 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la cual el tribunal concluyó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo, con la que el 17 de febrero de 2008 esa provincia se separó de Serbia, no resultaba incompatible con el derecho internacional.

La otra opción para los independentistas es ponerse en el bando de la Unión Europea y EE.UU., que no reconocen los resultados del referendo de Crimea, al que tildan de ilegal por no estar permitido en la Constitución ucraniana, ni la anexión a Rusia, por tratarse de una violación a “la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania”.

Muchos historiadores sostienen que en el caso de Kosovo, a diferencia de Crimea, una operación militar serbia equiparable a una limpieza étnica dejó sin legitimidad al gobierno de Belgrado y justificó la excepción al principio de integridad territorial. Sin embargo, el profesor ruso Iouri Gorbanev, de la Universidad Javeriana, dice que el referendo crimeo tiene una justificación similar:

“El momento se presentó cuando los golpistas tomaron el poder en Kiev. Los golpistas, que pertenecen a la ultraderecha y no ocultan su ideología nazi, plantearon el tema de la limpieza étnica y el terror contra los rusos étnicos en Ucrania continental y Crimea. De esta manera, los golpistas de Kiev asustaron a la población de Crimea e hicieron todo lo posible por el éxito del referendo independentista en Crimea. La legalidad del referendo es obvia después del referendo en Kosovo. Si Kosovo tiene derecho a separarse de Serbia, Crimea también lo tiene. Negarlo para Crimea es tener doble moral”, dice Gorbanev.

Además, el académico sostiene que el referendo crimeo es absolutamente legal porque “Crimea no es un simple departamento, es una autonomía, siempre tuvo su gobierno, parlamento y constitución, y en cualquier momento podía plantear el tema de la independencia de Ucrania”.

Aunque se puedan encontrar elementos comunes entre Crimea, Cataluña y Escocia, como el ánimo de un segmento de la población por separarse de un Estado, hay una diferencia fundamental: el referendo de Crimea no se realizó para decidir sobre la independencia de la península, sino sobre su reunificación con Rusia. En cambio, los plebiscitos planeados en Cataluña y Escocia sí están diseñados para decidir sobre la independencia.

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Hay otro matiz: el plebiscito en Crimea se realizó en medio del caos y la violencia, y en parte se justificó por ese mismo clima de inestabilidad, mientras los de Cataluña y Escocia transcurren, si bien en medio de tensiones políticas y jurídicas, sin la amenaza una guerra. Palabras de Gorbanev: “Creo que estas autonomías (Cataluña y Escocia) tienen el derecho a la independencia, aunque no veo la razón. No corren riesgo de violación de derechos humanos, como fue el caso de Kosovo y Crimea”.

La contradicción de Cataluña

Para el 9 de noviembre está programado el plebiscito sobre la independencia de Cataluña. Será el momento crucial para el proceso independentista impulsado en los últimos años por el presidente del gobierno autonómico catalán, Artur Mas.

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Los hechos en Crimea han hecho patinar más de una vez a los impulsores del independentismo catalán, dudosos de tomarlos hechos en la península que pasó de ser ucraniana a rusa como un referente en su proyecto separatista.

En sus últimas declaraciones, el gobierno de Mas optó por apoyar la visión de la Unión Europea y decir que el referendo en Crimea es ilegal. Sin embargo, obvió las razones expuestas por el bloque europeo sobre la falta de constitucionalidad de ese referendo. Por boca de su portavoz, Francesc Homs, dijo que al caso de Crimea “no lo acompañan ni la legitimidad ni la legalidad. Allí hay una situación de violencia e intimidación con el uso de la fuerza”, y añadió que sólo en un ambiente de paz se puede ejercer el derecho de un pueblo a decidir.

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Al dar estas declaraciones, Homs dejó al gobierno que representa en una posición contradictoria, pues meses atrás había mencionado el proceso de Crimea como un referente del plan independentista catalán. Cuando las protestas empezaron en Kiev, el portavoz señaló que si el debate entre Cataluña y Madrid “se cierra en falso, puede desembocar en una situación como la que vive justamente Ucrania en estos momentos”. Luego aumentaron la violencia y las víctimas fatales en Kiev, y ante este panorama Homs tuvo que rectificar: “Es evidente que Cataluña no llegará nunca a la situación de Ucrania”.

Artur Mas, intentando aproximarse a la visión de la Unión Europea, ha defendido que las aspiraciones catalanas encajan dentro de la legalidad de este bloque regional y de la Constitución española. Señaló que la autonomía cuenta con todos los derechos legales para separarse de Madrid: “Ello no tiene nada de ilegal. Sólo el gobierno español afirma que es ilegal, y no es verdad. Hemos determinado cinco cláusulas legislativas a la vez por las que Cataluña está facultada para organizar y celebrar consultas (sobre la independencia). Y ellas se encuentran de conformidad plena con la Constitución de España”.

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No obstante, otros expertos señalan que, según la Constitución española, toda independencia debe ser aprobada por el parlamento y refrendada en una consulta nacional. En este sentido, el referendo catalán resultaría similar al crimeo al estar ambos por fuera de la Constitución. De hecho, además de obviar las razones de la UE sobre la inconstitucionalidad del referendo en Crimea, en varias declaraciones la Generalitat ha puesto la voluntad del pueblo catalán por encima de la Constitución española.

Una diferencia con Crimea: mientras la península cuenta ahora con el auxilio económico de Rusia, el sí en un referendo independentista en Cataluña supondría su salida de la UE y del euro, lo que le traería una caída del 20% de su PIB, según el Ministerio de Exteriores de España. 

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¿Escocia debería ser independiente?

Esa será la pregunta del referendo independentista que se realizará el 18 de septiembre en Escocia, en el que votarán ciudadanos de 16 años en adelante. Antes de Crimea, el caso escocés era uno de los referentes favoritos de los catalanes.

El caso de Escocia es el menos complejo jurídica y políticamente. El referendo se realizará gracias a un acuerdo entre los gobiernos de Londres y Edimburgo, y para muchos ha resultado un caso ejemplar en el que las tensiones entre las partes son mínimas. Lo dice Lluis Basets en su blog del diario El País: “El debate se mantiene dentro de niveles muy limitados y razonables de confusión y demagogia, que tienen su mejor reflejo en la acotada atención que le prestan los medios de comunicación y en la escasa o nula crispación que se observa entre dos opiniones públicas, la inglesa y la escocesa, que ni siquiera aparecen como mundos divergentes o segregados”.

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Se trataría, en todo caso, de una independencia entre comillas, porque los escoceses no pretenden una escisión radical del Reino Unido. Alex Salmond, líder del Partido Nacional de Escocia, ha dicho: “Queremos conservar la unión monárquica como jefe de Estado, conservar la unión social, la unión monetaria. Pero además queremos controlar las contribuciones y los gastos estatales. Queremos decidir por nuestra cuenta si se necesita el arma nuclear en nuestro territorio o no. Queremos decidir nosotros mismos si iremos a combatir en Irak en una guerra ilegal”.

A pesar de que el plebiscito se realiza con su aprobación, el primer ministro británico, David Cameron, se opone a la separación de Escocia. El gobierno británico anunció los efectos que tendría la victoria del sí en el referendo: una Escocia independiente quedaría por fuera de la Unión Europea, no podría seguir utilizando la libra esterlina y no tendría garantizada su secesión.

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El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, reiteró que sería “extremadamente difícil, si no imposible” para una Escocia independiente entrar en la Unión Europea, puesto que necesitaría el apoyo de los 28 estados miembros, y puso como un muy posible obstáculo al gobierno de España, que se opone “incluso al reconocimiento de Kosovo” como Estado independiente.

Rusia, irónicamente, es otro país que no ha reconocido la independencia de Kosovo, aunque la utilice hoy para legitimar su anexión de Crimea.

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