Marin Eugen Sabau, conocido en España como el “pistolero de Tarragona”, murió este martes en el módulo penitenciario del Consorcio Sanitario de Terrassa tras recibir la eutanasia que él solicitó, en contra del deseo de sus víctimas, que preferían que fuera juzgado en un tribunal.
Se trata del primer preso al que se le aplica la eutanasia en ese país, y un caso inédito en Europa, pues, como se lee en el diario ABC de España, Sabau se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio, acusado de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y atentado a la autoridad.
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Este vigilante de seguridad quedó tetrapléjico tras un enfrentamiento con la policía en diciembre de 2021. Subau disparó contra tres compañeros de trabajo, que resultaron heridos, en las oficinas de una empresa de seguridad en la ciudad de Tarragona y en su fuga lesionó de un disparo a un policía, antes de atrincherarse en una granja abandonada, hasta que fue neutralizado tras un tiroteo.
“Estoy parapléjico. Llevo 45 puntos en la mano. No puedo mover bien el brazo izquierdo. Llevo tornillos y no siento el pecho”, contó Sabau a la jueza instructora, según datos de El País de España.
Pese a los recursos que presentaron las víctimas, un tribunal confirmó el 4 de agosto su derecho a recibir la eutanasia, al concluir que prevalecía su derecho a la “dignidad” frente al de la tutela judicial.
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Sin embargo, el abogado José Antonio Bitos, que representa al policía herido, aseguró a Efe que la eutanasia aplicada antes de que haya podido ser juzgado debilita al Estado de Derecho y sienta jurisprudencia para otros delitos graves, como terrorismo o agresiones sexuales a menores.
Por ello, abogó por una “reformulación” de la Ley de Eutanasia en España, al considerar que se aprobó “a toda prisa” sin contemplar todos los supuestos, para que a partir de ahora prevea casos como la muerte asistida de acusados de delitos graves que no hayan sido juzgados.
La defensa de Sabau no logró que el juzgado de instrucción número 5 de Tarragona tuviera en cuenta una última petición: pasar sus últimas horas fuera de la cárcel para poder estar con su familia. Esto, por “riesgo de fuga”.
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España se convirtió el año pasado en uno de los pocos países en legalizar la eutanasia, que pueden pedir mayores de edad con enfermedades graves e incurables que conlleven un sufrimiento físico o psíquico intolerable, siempre con el aval de una comisión de médicos y juristas.
El caso plantea en España un debate sobre los límites de dos derechos fundamentales: la eutanasia, entendida como parte del derecho a la vida, y el de las víctimas a la tutela judicial efectiva, que atañe también a su derecho a la vida y en este caso el acusado podría haberles matado.
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