El gobierno británico presentó formalmente este lunes ante el Parlamento un proyecto de ley destinado a modificar unilateralmente las disposiciones aduaneras posbrexit aplicadas a Irlanda del Norte, pese a las amenazas de represalias del bloque europeo.
La presentación del texto, que según Londres no viola el derecho internacional, pone en marcha un proceso de aprobación legislativa de varias semanas que busca modificar significativamente el denominado “protocolo de Irlanda del Norte”, negociado con Bruselas en el marco del brexit.
Cuando Londres hace más de un mes anunció sus intenciones, presentó el proyecto como un último recurso para calmar la tensión política en esa región británica y presionar a la UE para su renegociación.
“Preferimos una solución negociada, pero la UE debe estar dispuesta a cambiar el protocolo”, reiteró el lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, insistiendo en la necesidad de “restaurar la estabilidad política” en Irlanda del Norte.
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Bruselas se ha mostrado dispuesta a realizar “ajustes”, pero los contactos entre ambas partes no avanzaron y las autoridades europeas habían advertido que si Londres llevaba adelante su plan “deberán responder con todas las medidas a su disposición”.
Conocida la radicación del proyecto, la Comisión Europea amenazó al gobierno británico con acciones legales. “Observamos con gran preocupación la decisión tomada hoy por el gobierno del Reino Unido de presentar un proyecto de ley que anula elementos clave del protocolo” dijo el vicepresidente de la Comisión Maros Sefcovic, y planteó la posibilidad de reanudar un procedimiento de infracción contra Londres.
Desde el inicio de la negociación del Brexit en 2017, proteger el precario equilibrio de fuerzas en Irlanda del Norte, región británica histórica y culturalmente muy unida a la vecina República de Irlanda (país miembro de la UE) siempre fue el mayor escollo a superar.
Y pese a que el Reino Unido salió oficialmente del bloque en febrero de 2020 y completamente en enero de 2021, el “protocolo” siempre ha provocado tensiones, no solo entre Londres y Bruselas, sino también en las instituciones autónomas regionales de Belfast.
El acuerdo de paz del Viernes Santo de 1988, que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre unionistas protestantes y republicanos católicos norirlandeses, impuso que ambas partes compartan el poder en el ejecutivo regional de esta nación británica de 1,9 millones de habitantes.
Sin embargo, tras la histórica victoria del partido republicano Sinn Fein (exbrazo político del grupo armado IRA y partidario de la reunificación de Irlanda) en las legislativas regionales del 5 de mayo, el partido unionista DUP bloquea el parlamento autónomo y se niega a formar gobierno hasta que Londres no modifique el protocolo.
Presionar a la UE
Para evitar el retorno de una frontera física con la República de Irlanda, inaceptable para los republicanos y que podría poner en peligro la frágil paz, el protocolo impone controles aduaneros a los productos que llegan a la región procedentes del resto del Reino Unido.
Los unionistas denuncian que esto amenaza su plena pertenencia al país.
Para remediarlo, el ejecutivo de Johnson quiere introducir un nuevo sistema mediante el cual las mercancías que lleguen de Gran Bretaña para consumo local en Irlanda del Norte pasen por un “nuevo canal verde” que les evite los controles aduaneros.
Por su parte, los productos destinados al mercado común de la UE seguirían estando sujetos a todos las comprobaciones que se aplican en la legislación comunitaria.
“Son cambios burocráticos necesarios, francamente es un conjunto de ajustes bastante triviales”, defendió el lunes el primer ministro en declaraciones a la radio privada LBC. Y aseguró que su proyecto, contrariamente a lo que afirma la UE, es legal.
Antes de presentar el texto ante el Parlamento de Londres, Truss llamó por la mañana al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y a su homólogo irlandés, Simon Coveney. Sefcovic aseguró que la UE había propuesto “soluciones” y denunció que “las acciones unilaterales socavaran la confianza mutua”.
Coveney, con quien la llamada duró apenas 12 minutos, fustigó por su parte un texto “que violaría los compromisos británicos en términos de derecho internacional” y acusó a Truss de “no haber entablado negociaciones significativas con la UE”.
Estados Unidos, que fue garante del acuerdo del Viernes Santo, ha expresado su alarma ante las sugerencias de que el Reino Unido podría suprimir unilateralemente la aplicación del texto concebido para garantizar la paz.
Y el Sinn Fein defendió que “el protocolo funciona”, coincidiendo con la asociación alimentaria de Irlanda del Norte, para quien sus disposiciones son “vitales para la continuidad del comercio de mercancías en la isla de Irlanda”.
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