Fue la gota que colmó el vaso. Después de meses de quejas por el elevado número de víctimas civiles que causan las tropas extranjeras en su lucha contra el terrorismo, el gobierno de Hamid Karzai anunció una revisión de los acuerdos por los que esas fuerzas operan en Afganistán.
“La presencia de la comunidad internacional en Afganistán debería regularse sobre la base de tratados bilaterales”, según el comunicado del Consejo de Ministros afgano. También pide que se establezcan límites a las fuerzas militares y “cesen de inmediato los ataques aéreos sobre objetivos civiles, los registros unilaterales de viviendas y las detenciones ilegales”.
En julio, otro bombardeo estadounidense alcanzó una boda y causó 47 muertos, entre ellos la novia. No era la primera vez que las bombas interrumpían un matrimonio. Tras la negación inicial, los militares pidieron disculpas. Pero el incidente de Azizabad, si se confirmaran las 96 muertes de civiles, sería el más grave desde el derrocamiento del régimen talibán en 2001.
“Tenemos que llegar al fondo del asunto”, manifiesta el representante del secretario general de la ONU para Afganistán, Kai Eide. “No sobre cuántos muertos se produjeron, sino sobre cómo pudo ocurrir algo así y qué hacemos ahora”, advierte este curtido diplomático noruego, que ordenó de inmediato su propia investigación. La rapidez y firmeza del informe, que básicamente corrobora la versión del gobierno afgano al hablar de “pruebas creíbles” de la muerte de hasta 90 civiles, ha sacudido a las cancillerías de los países occidentales en Kabul.
“Cuando mueren civiles inocentes, la gente pregunta al gobierno por qué, y necesitamos hacer la misma pregunta a nuestros amigos”, señala el ministro sin cartera Hedayat Amin Arsala. “No sólo nos crea tensiones con la comunidad internacional, también con nuestra opinión pública; además, hace la lucha contra el terrorismo mucho más difícil porque da argumentos a los elementos contra los que estamos luchando”.
Sin duda, el afán de Karzai tiene mucho que ver con las elecciones del año que viene. El apoyo de los afganos a la presencia de las fuerzas internacionales se está erosionando por los ataques a los civiles, además de la infiltración y propaganda de los insurgentes. Cada noche, desde el incidente de Azizabad, la televisión nacional ha estado recogiendo testimonios de antiamericanismo. A la vez, está surgiendo un consenso internacional sobre la conveniencia de introducir más coordinación y transparencia en la forma en que operan esas fuerzas.
“Éste y otros casos anteriores muestran que debemos ir en esa dirección”, admite Eide, convencido de que “algunos de ellos se hubieran podido evitar con mayor coordinación y transparencia entre fuerzas militares o grupos de seguridad”.
En Afganistán se desarrollan dos operaciones militares simultáneas e independientes una de la otra, aunque a veces difíciles de diferenciar. Por un lado está la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (más conocida por sus siglas en inglés, ISAF). Desde 2003 se encuentra al mando de la OTAN, aunque cuenta con tropas de 40 países. Por otro lado, la Operación Libertad Duradera, que E.U. inició en octubre de 2001 contra al-Qaeda y sus protectores talibanes, ha continuado sobre el terreno. Es esta última, por su naturaleza de combate, la que más víctimas civiles causa y la que más bajas sufre.
“Para los afganos no hay diferencia entre ISAF y Libertad Duradera”, constata el príncipe Mustafa. “Todos los soldados llevan uniforme y parecen europeos, así que cuando ocurren errores, se les culpa en conjunto”.