En las morgues llegan a diario en promedio siete cadáveres de mujeres con mutilaciones, balazos, torturas o signos de violencia sexual. Sus asesinos, en su mayoría, son hombres que reproducen esquemas de misoginia.
En el periodo 1985-2017 fueron asesinadas 52.210 mexicanas en todo el país, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado el año pasado.
Esta situación llevó a que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se contemplara el mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG), una política pública que tiene la misión de prevenir y erradicar este flagelo. Se trata de un mecanismo único en el mundo.
La AVG significa que se declara un estado de emergencia que permite hacer un despliegue de propaganda oficial en los territorios donde se cometen feminicidios.
Para ello se realizan programas educativos, se divulga material didáctico, se hacen campañas y series de radio o televisión que aborden el tema de la violencia de género. También se buscan estrategias para la reeducación de los agresores.
Por ejemplo, los sitios que están desolados deben ser vigilados por las patrullas rosas, un transporte público exclusivo para mujeres, debe haber botones de emergencia y, sobre todo, las autoridades deben atender con perspectiva de género, sin estigmatizar.
Debido a las altas cifras de feminicidios, desde 2015 se empezaron a activar alertas en más de la mitad del país.
Pero, aunque se han activado varias alertas, no se han visto efectos contundentes en el descenso de las estadísticas oficiales ni en la aplicación de lo que prevé la Ley. Por ello, el Congreso mexicano discutió este miércoles la efectividad de las alertas decretadas hasta el momento, en un evento que contó con la participación de los titulares de los institutos de las mujeres.
“Las mujeres son víctimas de feminicidio porque son en este sistema el eslabón más débil”, dijo la diputada Candelaria Ochoa, coordinadora del evento.
Las ponentes y legisladoras coincidieron en que las fallas más recurrentes son la desorganización de los informes sobre la situación, la tardanza para la asignación de recursos públicos para operar los programas, la armonización del término feminicidio en los ministerios del país y las capacitaciones a los gobiernos estatales.
Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explica que para comenzar a tener resultados “le tenemos que poner plazos perentorios a las alertas”.
¿Útil? Miriam Valdez, abogada especializada en temas de género y consultora en la ONU México, aseguró, en entrevista con la Agencia Anadolu, que este mecanismo es un acierto porque el Estado mexicano reconoce esta violencia en la sociedad.
Sin embargo, sostiene que hay “que trabajar en el tema de capacitación, concientización en la sociedad y hacia las y los servidores públicos, y sobre todo en la atención a las víctimas”.
Agrega que se debe dotar de personal para atender mecanismos como el de las pulseras que monitorean a los agresores o el de los refugios para víctimas en peligro.
En el mediano plazo no deben existir obstáculos para que el presupuesto sea “etiquetado” en los gobiernos y aplicar la política pública.
“Desde la declaratoria hasta la implementación necesitan ser bien aplicadas”, comenta la diputada Ochoa.
De acuerdo con Inmujeres, de las 32 entidades que componen a México, 13 ya activaron la alerta, 9 están en proceso y 7 fueron rechazadas. Prácticamente todo el país.
La activación de las alertas depende de la elaboración de un informe interinstitucional entre organizaciones y funcionarios que justifiquen la violencia con datos estadísticos. Luego, apoyado en esa información, el gobernador debe realizar la solicitud, la cual, finalmente, debe ser aprobada por un consejo de la Secretaría de Gobernación.
Paradójicamente Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido a nivel mundial durante los noventas por “las muertas de Juárez”, es el único estado donde no se ha solicitado la alerta.
A pesar de ser el estado que tuvo por primera vez protocolos de investigación internacional, basados en la sentencia de Campo Algodonero, lugar en el que asesinaron a 14 mujeres -muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras- , la realidad no ha cambiado. En el último informe de la ONU, Ciudad Juárez ocupa, año tras año, los primeros cinco lugares a nivel nacional.
La legisladora Ochoa explicó que los gobiernos conciben la alerta como una mala publicidad que aleja el turismo y por ello ponen obstáculos para no emitirla.
Edomex, precedente En julio del 2015 se activó en el Estado de México la primera Alerta del país, cuyo nivel de feminicidos es el más alto en la república.
Esa entidad, colindante con la Ciudad de México, fue gobernada por Enrique Peña Nieto, el actual presidente de la república.
Su sucesor, Eruviel Ávila Villegas, se vio obligado a activarla debido a la resolución que hizo la Suprema Corte sobre el caso de Mariana Lima Buendía, un feminicidio cometido en 2010 que la autoridad quiso hacer pasar por suicidio.
La resolución sentó un precedente, ya que las organizaciones sociales se apoyaron jurídicamente para activar alertas.
Actualmente los colectivos ciudadanos de todo el país expresan su descontento y exigen alertas en los estados faltantes.
Para la senadora Martha Tagle, una de las promotoras de la Ley, el problema de raíz en todo el país es que «no hemos logrado transformar el ingrediente de la impunidad».