El Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU lanzó un mensaje de alerta a la comunidad internacional para que se intensifiquen los esfuerzos para acabar con la «epidemia global» que constituye la violencia contra mujeres y niñas indígenas en todo el mundo.
«La violencia contra las mujeres indígenas es un problema global, con tintes de epidemia en numerosos países debido al incremento de los distintos tipos de violencia que enfrentamos«, aseguró a Efe la nicaragüense Mirna Cunningham, experta en asuntos indígenas y quien presidió ese foro de Naciones Unidas el pasado año.
Cunningham participó en la sesión que el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas dedicó a las mujeres y niñas de esas comunidades, en la que se presentaron las conclusiones de un informe elaborado por expertas de todo el mundo, en el que se alerta del carácter «multifacético» de la violencia que enfrentan.
Las mujeres, las niñas, las adolescentes y las jóvenes indígenas, consideradas las más pobres de entre los pobres, son víctimas de un «elevado aumento» en la violencia «política, social, económica, espiritual, física, sexual, psicológica y medioambiental» en todas las zonas del planeta donde habitan.
Pese a que el foro no cuenta con cifras concretas por países que demuestren con datos el aumento de la violencia, la experta subrayó que se trata de un problema que incluye numerosas transgresiones de sus derechos individuales y colectivos, por lo que desde el foro indígena llamó a la acción para evitar un mayor sufrimiento.
«Hay niñas indígenas que están expuestas a desechos nucleares o pesticidas que mueren de cáncer desde los 12 años, y hay menores que están siendo vendidas a narcotraficantes. Se está negando el futuro a las siguientes generaciones», explicó la dirigente indígena a Efe.
La principal conclusión del informe que presentó es que «las medidas para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto indígena deben ser integrales y no deben tratarse de manera aislada respecto al conjunto de derechos reconocidos para los pueblos indígenas».
«La violencia no puede desvincularse de la historia de discriminación y marginación sufrida por los pueblos indígenas en su conjunto», dijo la experta.
Para ello, los integrantes del foro piden a la comunidad internacional que cumpla con la legislación internacional sobre pueblos indígenas y los distintos Gobiernos apuesten así por reforzar las instituciones indígenas, «para que éstas puedan abordar de forma más consistente la violencia que enfrentan las mujeres».
Además, indicó, es imposible mejorar la situación «sin la participación plena y efectiva de mujeres indígenas» en el diseño de políticas dirigidas a frenar la violencia, ya que es «primordial» que «sus particularidades sean incorporadas».
También es «vital» que los Gobiernos recopilen datos relacionados con la violencia de la mujer que estén desglosados e incluyan cifras concretas relacionadas con las indígenas, algo que actualmente sólo hacen Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Sobre el caso concreto de las indígenas latinoamericanas, Cunningham aseguró que «la situación es grave en varios campos», entre los que destacó «el enorme crecimiento de la violencia por la militarización en Colombia, México y Guatemala«, así como «el gran impacto de las industrias mineras, principalmente en el Amazonas».
En cualquier caso, la mayoría de los países de América Latina tienen todavía «mucho por hacer» para acabar con la violencia institucional contra las indígenas, ya que se necesitan «modelos de educación y salud interculturales, además de sistemas de justicia en los que se aplique el pluralismo jurídico».
El Foro Permanente para Cuestiones Indígenas inició el pasado lunes su undécimo período de sesiones centrado en impulsar el fin de la marginación de esos pueblos y el impacto que la llamada doctrina del descubrimiento ha tenido en el desarrollo de esas comunidades.
Se espera que participen en el foro hasta el 18 de mayo alrededor de 2.000 indígenas, y entre los actos más importantes estará la conmemoración del quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en 2007.