El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició la semana con grandes anuncios. El primero fue el nombramiento de André de Almeida Mendonça como su nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, un pastor evangélico cercano al mandatario. Bolsonaro comunicó además el nombramiento de Alexandre Ramagen, hombre cercano a su familia, como nuevo director de la Policía Federal. Aunque Ramagen no fue la primera opción para el cargo, pues el presidente prefería en la dirección de la Policía a Jorge Oliveira, un hombre de su estrecha confianza, el gobernante optó por él al considerarlo una persona con un perfil más técnico y menos rimbombante que el de Oliveira.
El nuevo titular de la cartera de Justicia, Mendonça, se venía desempeñando al mando de la Abogacía General de la Unión, cargo que accedió una vez Bolsonaro llegó al poder. Nacido en 1972, este abogado es también pastor de la Iglesia Presbiteriana Esperanza en Brasilia y también fue abogado de Petrobras durante cuatro años. Según la prensa local, su nominación habría sido solicitada por la bancada evangélica en un intento por contar con un representante en el Supremo Tribunal Federal.
Ramagem, por otro lado, había trabajado en la Operación Lava Jato en Río de Janeiro, en operaciones contra el narcotráfico y en la coordinación de eventos de seguridad. Pero su papel más destacado fue como guardia de seguridad del presidente durante su campaña electoral de 2018. De hecho, fue Ramagem quien estuvo a cargo de la seguridad del mandatario durante el ataque que este sufrió en uno de sus mitínes electorales y que por poco acaba con su vida. A partir de este evento habría surgido una amistad fuerte con el mandatario y su familia, en especial con Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, sobre el que pesan investigaciones por corrupción.
Sergio Moro, uno de los ministros estrella del mandatario ultraderechista por su papel en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, presentó su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al jefe de la PF, un órgano de investigación que depende del Ministerio de Justicia.
«El presidente me dijo que quería colocar a una persona con quien tuviera contacto personal, a quien pudiese llamar, pedirle informaciones, informes de inteligencia (…) Prestar ese tipo de información no es el papel de la Policía Federal. Las investigaciones deben ser preservadas», denunció Moro en una conferencia de prensa en Brasilia.
Esa misma noche, presentó a la televisión un intercambio de Whatsapp con Bolsonaro en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la PF. Según medios brasileños, el exjuez dispone de grabaciones de discusiones con el mandatario.
Rodeado de todos sus ministros y colaboradores, Bolsonaro negó el viernes las «acusaciones infundadas» de Moro, le reprochó estar movido por su «ego» y por ambiciones personales y aseguró que en una ocasión el exjuez le dijo que aceptaría la destitución del jefe de la PF a cambio de un puesto de juez en el Supremo Tribunal Federal (STF). Vea también: Una caravana en Brasilia sale a apoyar a Bolsonaro en plena crisis de su gabinete
A la sombra del impeachment
Pero, a pesar de los anuncios en su gabinete, la semana arrancó también con noticias negativas para el mandatario. Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este lunes investigar las acusaciones del recién dimitido ministro de Justicia, Sergio Moro, contra Bolsonaro, sobre quien aseguró «interferir» en investigaciones policiales.
En su decisión, el juez Celso de Mello da un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro, un exjuez identificado con la lucha contra la corrupción, sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes del gobierno. Las conclusiones, que deben ser entregadas al Fiscal General de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.
Si se encuentran elementos que respalden la denuncia de Moro y se confirman sus sospechas, corresponderá al Congreso abrir un proceso de «impeachment» (destitución) contra Bolsonaro. Este sería el tercer proceso de impeachment en los últimos cinco años en el país: en 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff, quien acabó destituida y condenada, y en 2017 contra el exmandatario Michel Temer, quien fue absuelto de ambas investigaciones.