California es actualmente el epicentro de la mayor catástrofe ambiental de toda la historia. La fuga de hidrocarburos del principal centro de acopio de gas del oeste de los Estados Unidos es la más grande que jamás se haya registrado. Su magnitud equivale a ocho veces el impacto que generó el Exxon Valdez en 1989 y cuatro veces el tamaño del derrame de la BP en el golfo de México en 2010.
Al día de hoy el equivalente climático de esta catástrofe –que se espera contener en no menos de uno o dos meses si se corre con suerte– supera la quema de 831 millones de galones de gasolina.
El lugar: Porter Ranch, una ciudad a escasos 37 kilómetros al noroeste de la ciudad de Los Ángeles (California), donde debido a los extremados niveles de gas metano en la atmósfera, a partir de la fuga –que empezó el pasado 23 de octubre–, seis mil personas han tenido que ser evacuadas.
Dolores de cabeza, vómito, nauseas, sangrado en la nariz, dolor abdominal, taquicardia y otros síntomas relacionados con afecciones respiratorias han sido el pan de cada día para esta comunidad de 30.000 habitantes. “Se tardaron casi un mes en aceptar la fuga y la gravedad de la misma, la compañía de gas (SoCal) engañó a la comunidad por varias semanas diciendo que la fuga era totalmente inofensiva para la salud humana”, me explica Marla Tabares, una mujer de ascendencia salvadoreña que trabaja en un salón de belleza a menos de un kilómetro del epicentro de la fuga.
Según estudios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el gas metano, principal componente del gas natural, es 25 % más nocivo para el calentamiento global que el propio dióxido de carbono además de que permanece en la atmósfera hasta por 35 años.
Hoy, tres meses después de la invisible mancha de gas que tiene cautiva a Porter Ranch, Marla, al igual que miles de residentes, siguen extremadamente preocupados por los altos niveles de benceno en el aire. Esta sustancia química es muy tóxica e inflamable; se usa en la fabricación de plásticos, explosivos y colorantes, pero además es conocida por ser altamente cancerígena. Por su parte, la empresa de gas junto a oficiales del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, en una conferencia de prensa la semana pasada aseguraron, citando un estudio preliminar de la calidad del aire de la zona, que no había nada que temer y que la fuga no tenía efectos nocivos para la salud. No obstante, los niveles de benceno en la zona son 300 % más altos que los registrados en la vecina ciudad de Los Ángeles.
“Yo, como muchos otros residentes del aérea, no le creo nada a la empresa de gas ni mucho menos a los oficiales del estado de California, los cuales han permitido durante años el funcionamiento de este pozo sin los requerimientos básicos de seguridad”, dice Linda Roval, de 46 años y madre de dos niñas. “Si fuera cierto que esto no es nocivo para la salud, la empresa no estaría pagando millones de dólares en hoteles y hogares provisionales para las miles de personas afectadas”, asegura Linda, quien por estar a cinco millas del epicentro de la fuga no califica para dicha evacuación costeada por la empresa de gas.
“Mi trabajo de maestra no me da con qué llevar a mi familia a otro lugar. Sin embargo, cada día que pasa el miedo se hace más intenso por lo que pueda llegar a pasarle a la salud de mis hijas”.
Por ahora el llamado de evacuación voluntario no solo se extiende a residentes de Porter Ranch, sino a las ciudades vecinas de Chatsworth, Northridge y Granada Hills, ya que a medida que la exposición a estos químicos se sigue prolongando y esparciendo en la atmósfera, la probabilidad de efectos para la salud a largo plazo son mayores, explica Cynthia Harding, directora de salud pública de California.
Esta fue una de las razones por las que el pasado 6 de enero el gobernador de California, Jerry Brown, declaró el estado de emergencia en toda la zona.
“Cómo es posible que el gobernador tardó casi tres meses en pronunciarse y obligar a la empresa a hacer públicos los reportes de la calidad del aire a raíz de la fuga y aplicar los protocolos de emergencia y reubicación. Es increíble el silencio que hubo de su parte ante la magnitud de semejante catástrofe”, dice Robert Canson, un residente de la zona a punto de entrar al centro de atención que montó la empresa de gas para recibir las quejas así como las peticiones de reubicación y reembolso, las cuales al día de hoy superan las cinco mil.
“Exigimos el cierre inmediato de este pozo de gas”, concluye.
El “fracking” y la catástrofe
Un reporte del Consejo de Ciencia y Tecnología de California reveló que a escasos 700 metros del Aliso Canyon, nombre del centro de acopio de gas en cuestión, se ha realizado en los últimos años fracturación hidráulica o fracking, lo cual habría aumentado el riesgo de un catástrofe como la que se vive hoy. Sin embargo, en 2011 el mismo gobernador Brown fue centro de una controversia al despedir a dos reguladores que levantaron preocupaciones de seguridad en pozos similares en el estado de California.
El problema de la fuga es que este es un pozo construido en los años cincuenta, con un precario sistema de válvulas de emergencia, lo cual ha hecho imposible que una sola válvula corte su suministro. La fuga está en diversos sectores del gasoducto, el cual tiene una profundidad de 2,4 kilómetros bajo tierra, lo que hace muy difícil controlarlo, ya que el gas no sólo se está escapando por un solo trayecto de la tubería que conecta el pozo con la superficie, sino que se está filtrando a través de la tierra y las rocas que lo rodean.
Desde finales de noviembre, SoCal ha intentado cortar el suministro del gasoducto mediante la inyección con alta presión de una mezcla de agua, cloruro de potasio, bentonita y lodo ultrapesado con el fin de bloquear la salida. Sin embargo, en cuatro ocasiones han fallado, generando más quiebre a lo largo de su trayecto y aumentando la cantidad de gas que se escapa a la atmósfera.
Los expertos indican que de realizarse otro intento fallido puede generarse una explosión de todo el pozo, lo cual sería exponencialmente catastrófico. El plan ahora es dragar y construir dos gasoductos paralelos, que una vez listos puedan atravesar y tomar control de la tubería averiada desde la raíz, tarea que puede llegar a tardar de uno a dos meses. Claro, si no se presenta ningún inconveniente.
Lo que preocupa a las autoridades es que como Aliso Canyon hay otros 48 pozos almacenadores de gas en las mismas condiciones tan solo en el estado de California, a los que los expertos no les auguran mejor suerte en los años por venir.
Entre tanto, el impacto en la comunidad es completamente visible. Al recorrer las calles de Porter Ranch el movimiento es mínimo en lo que hasta hace muy poco era una comunidad pujante y llena de vida. No solo las más de seis mil personas que han sido reubicadas así como el cierre de los dos colegios de la zona junto a sus 1.900 estudiantes han dejado al comercio y restaurantes de la ciudad en un estado de desolación propio de un pueblo fantasma.
Ya son más de mil demandas contra la compañía de gas por negligencia y actividad peligrosa, así como detrimento de la salud y los precios de las propiedades de cientos de sus habitantes. “Nos dijeron que nos iban a pagar hasta el último centavo del alojamiento y demás costos de reubicación, va un mes y medio y sigo esperando”, dice Amanda Swain, de 52 años, quien va para su segundo mes por fuera casa.