Parece una paradoja que EE.UU., cuestionado por muchos gobiernos después de que Edward Snowden revelara los alcances mundiales de los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), busque ahora juzgar a cinco militares chinos que habrían robado secretos millonarios de empresas estadounidenses con el fin de favorecer a compañías estatales del gigante asiático.
Es la primera vez que Washington procesa a representantes de un Estado extranjero por delitos relacionados con espionaje industrial y económico. Eric Holder, el fiscal general estadounidense, presentó los cargos ante un jurado en el estado de Pensilvania. Sobre la vasta red de vigilancia revelada por Snowden, Holder se defendió diciendo que, a diferencia de Pekín, “nosotros no recolectamos inteligencia para proveer una ventaja competitiva a nuestra empresas”.
Los acusados serán procesados por los tribunales federales de Pensilvania, pero no están en territorio estadounidense y es muy poco probable que China los extradite para que comparezcan ante jueces de EE.UU. (no hay un tratado de extradición entre Washington y Pekín). Es muy posible que el juicio se quede en el plano simbólico o que, en palabras de Holder, sirva como una “advertencia” de que la Casa Blanca “no tolerará acciones por parte de ninguna nación que se proponga sabotear empresas estadounidenses y minar la integridad de la libre competencia en el funcionamiento del mercado”.
La novela del ciberespionaje entre las dos mayores potencias económicas del planeta comenzó en febrero del año pasado, cuando un informe de Mandiant, una empresa estadounidense de seguridad informática, reveló la existencia de un edificio blanco de 12 pisos, de arquitectura simple y ventanales pequeños, sobre la avenida Datong de Shanghái. Desde allí, según el informe, miles de hackers habían lanzado más de un centenar de ataques contra agencias del gobierno de Washington y grandes empresas de EE.UU. Los cinco militares procesados pertenecen a ese ejército de hackers, conocido como la Unidad 61398 del Ejército Popular de Liberación. Fueron identificados como Wang Dong, Sun Kailiang, Wen Xinyu, Huang Zhenyu y Gu Chunhui.
El informe de Mandiant fue el primero en una serie de acusaciones contra Pekín. En los meses siguientes se registraron ataques informáticos contra importantes diarios estadounidenses, presuntamente orquestados desde Shanghái. En mayo, The Washington Post señaló que un grupo de piratas informáticos chinos había infiltrado los diseños de importantes sistemas de defensa de EE.UU.
Todos los informes que han señalado al gobierno de Xi Jinping de ser patrocinador de un plan destinado a robar información clasificada, diseños de armas, datos financieros y estrategias corporativas de empresas estadounidenses han sido desestimados por Pekín. El Partido Comunista ha manifestado que no sólo se opone a la piratería informática sino que es víctima de ella. Al conocer la formulación de cargos por parte de Washington, el gobierno chino suspendió de inmediato el diálogo con EE.UU. en seguridad cibernética, alegando la “falta de sinceridad de EE.UU. en la solución de asuntos relacionados con la ciberseguridad a través del diálogo y la cooperación”.
Ante las ofensivas informáticas del gigante asiático, EE.UU. había buscado esos mecanismos de cooperación diplomática con Pekín, pero al mismo tiempo se ha estado armando para la guerra cibernética: el Pentágono construye desde hace más de un año un mando cibernético, una fuerza de “marines” informáticos que es la única para la cual ha aumentado el presupuesto en medio del corte al gasto militar.
La Casa Blanca explora ahora la vía jurídica. Las investigaciones del gobierno estadounidense concluyeron, según Holder, que entre las empresas afectadas por el espionaje electrónico industrial están United States Steel, Alcoa, Westinghouse Electric, Solar World, Allegheny Tecnologies y United Steel Workers, el mayor sindicato de empleados de la industria del acero.
Estas compañías habrían sufrido pérdidas millonarias debido al robo de su información confidencial. Los cargos presentados por el fiscal afirman que los chinos entraron al sistema informático de EE.UU. para que empresas chinas obtuvieran ventajas durante negociaciones para un contrato de plantas nucleares o durante disputas comerciales internacionales.
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@DanielSalgar1