En un hecho sin precedentes y argumentando inconsistencias procesales, el gobierno de Colombia se levantó el jueves de una audiencia pública en Washington convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar el tema de las interceptaciones ilegales del DAS.
En la jornada se esperaba la presencia del Director de este organismo de inteligencia, así como de otros miembros del Gobierno colombiano y representantes de organizaciones sociales, para “poner en conocimiento de la Comisión las conclusiones fácticas y jurídicas” del escándalo de las “chuzadas”, según explicó Víctor Abramovich, relator para Colombia del organismo.
Colombia, sin embargo, brilló por su ausencia. El embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, refiriéndose al reglamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se retiró argumentando que el Estado colombiano no había recibido la información necesaria para defenderse.
La Comisión descalificó este argumento. “Se ha actuado como debe actuar en este tipo de casos”, dijo a El Espectador Santiago Cantón, secretario ejecutivo del organismo, quien, además, señaló que el escándalo que rodea al DAS “es uno de los temas más graves que le ha tocado a la CIDH”.
Paulo Sergio Pineiro, también miembro de la CIDH, afirmó que “es un escándalo que en un gobierno en América este tipo de acciones estén ocurriendo en pleno ejercicio de la democracia”.
La jornada se convirtió, entonces, en un cruce de reproches. Colombia arguyó que se levantaba porque no tenía información de lo que se iba a presentar. La CIDH decía que sí la suministró. El Colectivo José Alvear Restrepo, que es el peticionario de esta audiencia, sostuvo que el Gobierno tenía conocimiento de lo que presentaron —un arsenal de imágenes, videos y declaraciones que dejaron muy mal parado al Gobierno—. De hecho, fue el propio DAS el que le entregó a la Fiscalía las pruebas presentadas por el colectivo de Abogados contra el Estado Colombiano.