Cada vez son más las voces, gobiernos y organizaciones que piden el fin de la impunidad en Venezuela. Esta vez fue el expresidente español Felipe González quien hizo un llamado a fortalecer la democracia en el país suramericano y liberar a los opositores políticos, refiriéndose especialmente a Antonio Ledezma, quien fue detenido el 20 de febrero acusado de conspiración y asociación para delinquir, y Leopoldo López, quien se entregó el 18 de febrero del año pasado y es acusado de instigación pública, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos ocurridos el 12 de ese mes en Caracas.
Según la visión que tiene González de Venezuela, el problema más urgente a solucionar es el económico, aunque dicha solución sólo se logrará si primero se fortalece una democracia que existe en las normas pero no se implementa en la práctica. Y como el camino hacia el fortalecimiento democrático incluye el diálogo político, el respeto al derecho a la libertad de expresión y a la oposición, la solución pasa por la liberación de opositores injustamente encarcelados. El expresidente español ha dicho que con esas detenciones el gobierno de Maduro ha puesto “en crisis la democracia representativa”.
González irá más allá de un llamado a fortalecer la democracia. Anunció que, teniendo en cuenta el deterioro de la situación general de derechos humanos y la falta de garantías judiciales, participará en las audiencias previas del juicio a Leopoldo López y asistirá jurídicamente a su abogado, y se unirá con varios expresidentes latinoamericanos para crear un frente de líderes internacionales que trabajen para conseguir la liberación de estos “presos políticos”.
El llamado a liberar a los opositores detenidos no es nuevo. En las últimas semanas lo han hecho la ONU, el Parlamento Europeo, Estados Unidos, España, Canadá y Colombia, así como la Internacional Socialista, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En noviembre, más de 30 expresidentes latinoamericanos calificaron de arbitraria la detención de Leopoldo López y exigieron su liberación.
El gobierno venezolano, de la misma manera que ha respondido a los múltiples llamados, rechazó la “injerencia” del exjefe del gobierno español en su país. El diputado de la Asamblea Nacional Darío Vivas criticó a González y otros sectores de la política española por “pedir la impunidad para López y Ledezma”. Según Vivas, resulta inaceptable que “se estimule la impunidad en nombre de los derechos humanos”.
Más denuncias sobre DD.HH.
Las detenciones de opositores políticos son apenas una arista de la situación de derechos humanos en la República Bolivariana. Amnistía Internacional emitió este martes un informe llamado Venezuela, voces de la impunidad, en el que señala que casos de tortura, detenciones arbitrarias, muertes por participar en la protesta social y otras violaciones de DD.HH. ocurridas en las protestas sociales del año pasado siguen sin ser investigadas, juzgadas ni sancionadas.
Respecto a las detenciones arbitrarias, tanto de ciudadanos del común como de líderes políticos, el informe concluye que el Estado debería liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y asegurarse de que los detenidos y los procesados que se encuentran en libertad condicional a la espera de juicio tengan acceso a uno justo en un tiempo razonable.
Otros agravantes
La protección de DD.HH. en Venezuela empezó a verse afectada a nivel internacional desde que el Estado denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, denuncia que se materializó en 2013 y a partir de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos quedó sin jurisdicción para conocer y fallar sobre posibles violaciones a estos derechos ocurridas en el país desde el retiro de la competencia. Por eso las denuncias de presuntas víctimas de violaciones a los DD.HH. ocurridas durante las protestas de 2014 no podrán llegar ante ese tribunal.
A nivel interno, ONG venezolanas como Cofavic han denunciado que el Gobierno ha obstaculizado los espacios para la tutela de las víctimas, lo cual haría parte de “un esquema de impunidad institucionalizada”. Con modificaciones al código procesal penal se ha logrado que las ONG de derechos humanos no puedan acompañar a las víctimas directamente ni interponer querella autónoma contra violadores de DD.HH. Esa reforma entró en vigencia en 2012, pero, como ha señalado Cofavic, “en los últimos dos años ha tenido efectos muy demoledores en la asistencia de las víctimas”.
Además, recientemente se han implementado medidas que plantean una mayor represión de la protesta social. La última fue la resolución 008610, emitida en enero por el Ministerio de Defensa, la cual autoriza a las fuerzas armadas a actuar en todas las acciones de control de orden público y les da facultades para usar armas de fuego. La resolución fue rechazada por múltiples organizaciones, incluyendo la ONU, que la consideran desproporcionada e inconstitucional.
El recién publicado informe de Amnistía Internacional volvió a recomendar al gobierno venezolano asegurarse de que las fuerzas de seguridad operen siguiendo de manera estricta y completa los principios de la ONU sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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