Guatemala La caída del presidente guatemalteco Otto Pérez es uno de los sucesos más recordados del año. Acusado por las protestas multitudinarias en todo el país, Pérez tuvo que dimitir de su cargo y entregarse a la justicia, que aún lo investiga por ser el supuesto líder de una red de corrupción llamada “La Línea”, junto con su vicepresidenta (también capturada), Roxana Baldetti. “La Línea” era una organización que hacía cobros ilegales a los importadores en las aduanas principales, lo que produjo un hueco fiscal en las arcas de impuestos del país. Por esa actividad, Pérez habría percibido cerca de US$1,5 millones a lo largo de un año. El 3 de septiembre fue enviado a la cárcel militar Mariscal Zavala mientras continúa su proceso. Las pruebas reunidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), liderada por el colombiano Iván Velásquez, que interceptó cerca de 89.000 llamadas suyas y de sus cercanos y tenía en sus manos por lo menos 6.000 correos personales, sirvieron para acusarlo de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. En sus últimos meses de mandato, tenía 88% de desaprobación y su gabinete se había visto manchado por las acusaciones de corrupción contra su vicepresidenta. “No basta con meter a un presidente en la cárcel para lograr un futuro mejor”, dijo. Honduras La oposición política y los hondureños han denunciado en los últimos dos años numerosos actos de malversación de fondos y lavado de dinero. La corrupción llegó hasta las esferas más altas cuando el presidente, Juan Orlando Hernández, aceptó que diez cheques de un desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (cerca de US$200 millones) entraron a sus cuentas de campaña. Hernández se declaró inocente y dijo que desconocía el origen de los dineros. Ariel Varela, uno de los disidentes políticos que en noviembre fue a Washington a denunciar públicamente al presidente, dijo: “Hay elementos que apuntan a que el presidente de la República y cercanos a él recibían fondos del Seguro Social”. En ese escándalo, según Varela, también estarían involucrados “el mismo fiscal y su adjunto”. Para luchar contra la corrupción, varios sectores piden la creación de una comisión como la que trabaja en Guatemala (que ayudó al juzgamiento del expresidente Otto Pérez Molina), pero el mandatario se ha negado a desarrollar tal opción. En cambio, Hernández impulsa la creación de un grupo de actores políticos y sociales de Honduras, apoyados por la OEA. Sin embargo, los disidentes insisten en una comisión de actores exteriores que asegure la independencia de su trabajo. El Salvador El Salvador ha firmado convenciones anticorrupción de las Naciones Unidas y es vigilado de manera constante. Sin embargo, los ciudadanos protestan, entre otras razones por la presunta malversación de fondos entre las fuerzas militares, el sector salud y las obras públicas. El más reciente recuerdo recae en el expresidente Francisco Flores (1999-2004), hoy en prisión por el desvío de US$15 millones donados por Taiwán para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001. Pese a las dudas sobre el buen manejo de los recursos, EE.UU. dará US$750 millones a este país, Honduras y Guatemala para creación de empleo. Costa Rica Este país ocupa el puesto 49 del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, bajo el rótulo de “corrupción media”. De acuerdo con expertos, numerosas obras sociales están estancadas por culpa de la corrupción y la ineficiencia. En su historia reciente hay dos casos que recordar: los de los expresidentes Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). El primero fue culpable de recibir US$440.000 a cambio de beneficiar a empresas que vendían equipos médicos al Seguro Social. El segundo fue intermediario, como presidente, para que la firma Alcatel recibiera millonarios contratos. Fue dejado en libertad.