La primera página del New York Times del 13 de junio de 1971 traía varias noticias. En la columna izquierda, con foto incluida, el diario neoyorkino informaba de la boda de la hija del presidente Nixon. En el centro de la página un titular decía: “Archivo de Vietnam: Un estudio del Pentágono Analiza Tres Décadas de una Creciente Participación de los Estados Unidos.”
El estudio oficial de 47 volúmenes, realizado durante el gobierno de Lyndon B. Johnson, era secreto. Ni ese gobierno ni el de Nixon lo habían querido publicar. ¿Por qué? Porque documentaba la forma sistemática como el gobierno de los Estados Unidos le había mentido a su pueblo acerca de su participación en la guerra de Vietnam.
Se trataba de un detallado análisis hecho por civiles y militares acerca de la manera como los Estados Unidos se habían involucrado en Vietnam en el período comprendido entre 1945 y 1967. En lo fundamental mostraba cómo el gobierno de Kennedy había seguido una política de provocación y el de Johnson una de intervención a gran escala. Todo esto, además, en contradicción con las declaraciones de ambos gobiernos de que harían todo lo posible por evitar la guerra.
El estudio llegó a manos del New York Times gracias a Daniel Ellsberg, un experto en asuntos de seguridad que había trabajado para el Pentágono. Ellsberg no era ningún pintado en la pared. Tenía un doctorado en economía de Harvard. Había trabajado para RAND en el área de estrategia nuclear. Previo a sus estudios, se había graduado de teniente de los Marines. Su hoja de vida no tenía tacha. Era un convencido de que su gobierno tenía que hacer todo lo que fuera necesario para ganar la guerra fría contra la Unión Soviética.
A diferencia de un buen número de académicos y tecnócratas, Ellsberg no era un hombre obcecado. Fue capaz de quitarse sus anteojeras y de reconsiderar las cosas con base en nueva evidencia. En 1966, con el fin de conocer de primera mano la realidad de la guerra de Vietnam, dejó su posición de analista para irse al frente, poniéndose al frente de una unidad de combate. Regresó a los Estados Unidos y le entregó un reporte bastante crítico al Secretario de Defensa Robert MacNamara, quien no hizo nada para detener la guerra.
Ellsberg se convenció de que no había nada que justificara el enorme sufrimiento que causaba esa confrontación. Creía, además, que tenía una responsabilidad moral que no podía eludir: si él sabía que esa guerra era el resultado de una política de agresión injusta, él tenía el deber de hacer lo posible por detenerla. Tenía que revelarle al pueblo de los Estados Unidos la información acerca de la manera como su gobierno lo había engañado.
Ellsberg apeló a los senadores que se oponían a la guerra. Amparados en su inmunidad, ellos podían difundir los Documentos del Pentágono sin enfrentar acusaciones de ninguna índole. Sin embargo, ninguno estuvo a la altura de la tarea. Ellsberg recurrió entonces a la prensa.
Antes de publicar los documentos en su poder, el New York Times consultó con sus abogados. Luego de una discusión que duró casi tres meses, James Goodale persuadió a la dirección del periódico de que había una base legal para revelar información que el gobierno mantenía en secreto: la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión. Si el gobierno actuaba de forma que perjudicara al público, el público tenía derecho a conocer esa información, sin que ninguna orden de secreto se lo impidiera.
La reacción del gobierno de Nixon fue inmediata. El lunes 14 de junio, el fiscal general le pidió al periódico que no publicara nada más sobre el asunto, a lo cual el New York Times se negó. El martes el fiscal le pidió a una corte de distrito que prohibiera al periódico continuar con la publicación. Esta acción legal dio lugar a una batalla que fue finalmente resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, entre decisiones y apelaciones, otros diarios empezaron a publicar varias secciones de los Documentos del Pentágono.
El 30 de junio de 1971, en una decisión dividida, 6 a 3, la Corte Suprema decidió que la publicación de los Documentos estaba efectivamente amparada por la Primera Enmienda. Aunque esta fue una victoria importante para los defensores de la libertad de prensa, el juicio por la filtración de los Documentos no paró allí. Daniel Ellsberg y su colega Anthony Russo fueron acusados de violar la Ley de Espionaje de 1917, que impedía revelar cualquier información que pusiera en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Russo le ayudó a fotocopiar los documentos, pero Ellsberg fue quien se los entregó a la prensa. Podía ser condenado a pasar el resto de su vida en una prisión.
En 1973, cuando el juicio tuvo lugar, ya había estallado el escándalo de Watergate. Las ‘chuzadas’ sistemáticas al partido demócrata, ordenadas por el gobierno de Nixon, habían sido descubiertas y reportadas por el Washington Post. Era evidente que ese gobierno había perdido toda noción del respeto por la ley y los derechos de los ciudadanos.
Esa actitud quedó patente en el caso de Ellsberg. A manos del juez llegó la prueba de que los archivos del siquiatra de Ellsberg habían sido obtenidos de forma irregular y que el mismo Ellsberg había sido objeto de ‘chuzadas’. Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado, también había tratado de destruir la reputación de Ellsberg. Tal fue el medio escogido para distraer la atención del público de las mentiras del gobierno.
La estrategia no funcionó. El juez decidió archivar el caso contra Ellsberg y contra Russo. El desprestigio del gobierno se agudizó. Un año después, en 1974, Nixon renunció a la presidencia.
¿Tiene esta historia una moraleja? Línea por línea, cada quien ya habrá sacado la suya. Yo, sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para subrayar varias cosas.
Durante los últimos cuarenta años los gobiernos de todo el mundo, no sólo el de Estados Unidos, han engañado a sus ciudadanos. El de Estados Unidos no es el peor. Ojalá muchos países tuvieran la ley de libertad de acceso a la información que allá ordena desclasificar y hacer públicos numerosos documentos. Desafortunadamente, esa ley no ha sido suficiente para modificar su política externa ni su política interna. La guerra en Irak, basada en una vil mentira, es la mejor prueba de ello.
En todo el mundo, decepcionados e impotentes, algunos ciudadanos han sucumbido al cinismo. Su conclusión es que los gobiernos son corruptos y que todos los ciudadanos también lo somos.
Esta actitud nos hace proclives a aceptar lo inaceptable. El ejemplo de Daniel Ellsberg, por el contrario, nos motiva a enfrentar la iniquidad con entereza. El suyo es el heroísmo de un ciudadano ordinario que se niega a servir a un gobierno basado en el engaño. Para actuar como él lo hizo no es necesario contar con poderes sobrenaturales. Simplemente hay que escuchar la voz de la conciencia.
La historia de la filtración de los Documentos del Pentágono arroja luz también sobre otras filtraciones, más célebres por ser más recientes. El desarrollo de nuevas tecnologías y el compromiso mostrado por varios medios le han otorgado a los ciudadanos instrumentos con los cuales puede demandar responsabilidad a los gobiernos. Es nuestra la tarea.