El delito de lesa majestad prevé que cualquiera que insulte a quienes están en el poder está insultando, al mismo tiempo, a una persona y a la nación entera. El rey —o el jefe de Gobierno o el presidente— se convierte, en ese sentido, en la representación misma de un territorio. La concepción parece demasiado vieja: en las naciones latinoamericanas, salvo ciertos casos, el presidente es otro órgano del poder y no suele ser sinónimo de patria. Sin embargo, el delito existe aún en ciertas constituciones y se paga en ocasiones con castigo físico y en otras con encierro y exilio.
El caso del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, es quizá el más sonado en los últimos meses. Su gobierno ha abierto cerca de 2.000 procesos judiciales contra individuos y entidades cuyas críticas son consideradas como injurias e insultos. El último escalón de esa demanda continua de respeto es la detención, el pasado fin de semana, de la periodista holandesa Ebru Umar en Turquía. Umar había calificado de “fraude” el gobierno de Erdogan y había hecho otros numerosos comentarios contra su forma de gobernar.
Umar quedó libre el domingo, y tuvo la suerte que fue esquiva a otros que criticaron a Erdogan. El humorista alemán Jan Böhmermann cumple las primeras etapas de un juicio en Alemania por haber dicho, en un poema satírico que fue transmitido por televisión, que el presidente Erdogan practicaba la zoofilia y atacaba a las comunidades cristianas y kurdas de su país. Un médico turco enfrenta otro juicio por haber mostrado, con un montaje fotográfico, que Erdogan se parecía a Gollum, el personaje del Señor de los anillos.
Las demandas se multiplican. El gobierno de Erdogan incluso demandó a un joven de 16 años que lo llamó ladrón. Su fijación por el respeto de la autoridad ha llegado al absurdo: en el juicio contra el médico, el trabajo de los abogados defensores es demostrar que Gollum es un personaje de naturaleza ambigua, y que en esta ocasión, de hecho, no se señala su lado malvado. Es decir: su trabajo es defender a un personaje de ficción.
Erdogan no es el único que ha preparado procesos contra aquellos que, en su opinión, lo calumnian (luego de una redada, su gobierno controla hoy uno de los diarios críticoscontra su gobierno, Zaman, y le abrió juicio a dos de sus periodistas). Rafael Correa, presidente de Ecuador, demandó en 2011 al diario El Universo por lo que él consideró una afirmación calumniosa en la sección de opinión. Para entonces, su gobierno ya había impulsado al menos 18 procesos contra periodistas y activistas. Correa ganó la demanda y el diario tuvo que pagar US$40 millones como indemnización; meses después, Correa cedió y “perdonó” al diario. La justicia estuvo de su lado.
Dos periodistas tuvieron que pagarle US$2 millones como indemnización por haber hablado en un libro sobre los supuestos contratos de su hermano con el Estado. Otro caso es el del periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio huyó a las selvas del Amazonas luego de que fuera ratificada una condena en su contra de 18 meses de cárcel por “injuriar” a Correa: lo había acusado de “promover el caos político” durante la supuesta intentona golpista en su contra en 2010.
Por insultar al rey o a las autoridades locales, hace doscientos años, cualquiera podía ser fusilado, ahorcado o sometido a la voluntad de una guillotina. Sucedía en países que hoy fomentan la libertad de expresión como Francia y España (y también en las entonces colonias americanas). Tanto los métodos como sus razones resultan antiquísimos. Sin embargo, cierta forma de lesa majestad (en ocasiones directa) pervive en los gobiernos actuales. Ni siquiera Europa se salva de esa figura: existe en Dinamarca (que prevé cuatro meses de prisión para quien insulte al monarca), Holanda (con penas de hasta cinco años) y Noruega (hasta cinco años). La monarquía española también demostró su resistencia al insulto cuando demandó a la revista El Jueves, que publicó en 2007 un montaje de los reyes de ese entonces teniendo relaciones sexuales. El delito: lesa majestad.
De hecho, la ley que permitió abrirle un juicio al comediante Böhmermann es de hace dos siglos y se asemeja a la figura de lesa majestad: si un organismo o representante de un gobierno exterior es insultado, éste puede presentar una demanda ante Alemania, que debe ser primero aprobada por el Ejecutivo. La ley, según el gobierno de la canciller Ángela Merkel, será rebatida en 2018.
También existe en Tailandia. Una mujer terminó en la cárcel por insultar al rey en Facebook; la monarquía censuró a la revista Marie Claire por afectar “la moral popular” e injuriar a los reyes; un hombre recibió una condena de 30 años por publicar insultos, acompañados de fotografías, contra el rey. Fueron cinco años de cárcel por cada foto que publicó. En diciembre del año pasado, comenzó el juicio contra Thanakorn Siripaiboon, un tailandés al que podrían poner por 37 años en la cárcel por insultar al perro del rey. Un profesor que insultó a un rey que sumaba 400 años de muerto también fue acusado. Sin que existan cifras claras, se sospecha que los casos de personas acusadas de lesa majestad han repuntado de manera drástica en los últimos años en ese país.
Las monarquías y los poderes dirigidos por un solo partido suelen caer en este tipo de defensa contra el agravio. El ayatolá de Irán condenó a muerte al escritor Salman Rushdie por escribir Los versos satánicos (en este caso, insultar la religión es insultar al pueblo y, por lo tanto, a quien detenta temporalmente el poder). Por agraviar a Mahoma fue condenado a muerte, también en Irán, Soheil Arabi, de 30 años. Otros tantos esperan condena en Irán por acusaciones similares. El caso de Charlie Hebdo, la revista parisina que perdió a más de la mitad de su planta tras un tiroteo en sus instalaciones, es un caso extremo de carencia de resistencia ante el insulto.
Por “faltar al respeto del islam” condenaron a Raef Badawi a 1.000 latigazos en Arabia Saudita. Cuando la religión entra en la discusión, la ecuación se modifica de manera breve: injuriar a la religión es, por un lado, agraviar al pueblo que se identifica con ella y, por el otro, negar un poder divino que en cierto sentido ha sido heredado por quien tiene el gobierno. Es insultar, en breve, a toda una patria. En Emiratos Árabes Unidos y en Bahréin, países del Golfo Pérsico, la situación es similar. El poder que acusa el monarca tiene el tamaño de la máquina omnipresente de George Orwell en 1984.