El gobierno de facto de Honduras derogó el lunes un decreto que restringía las libertades civiles, cediendo a presiones externas e internas y allanando el camino para un diálogo con el derrocado mandatario Manuel Zelaya que acabe con la crisis política del país.
En un escenario más propicio para las negociaciones, el presidente de facto, Roberto Micheletti, dio marcha atrás con la medida, algo que ayudaría a los enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegan el miércoles para tratar de sentar en la misma mesa a las partes. “Hemos derogado en el Consejo de Ministros el decreto (…); queda derogado completamente”, dijo Micheletti en una rueda de prensa junto a una congresista estadounidense republicana que le brindó su respaldo. El controvertido decreto aplicado hace más de una semanarestringía las libertades de prensa, asociación y circulación, y sirvió al gobierno de facto para detener las protestas de los partidarios de Zelaya y silenciar algunos medios favorables al destituido presidente en el dividido país centroamericano.
Micheletti reconsideró su decisión de suspender algunas libertades, después de recibir una lluvia de críticas de la comunidad internacional y pedidos de sus propios aliados -incluyendo empresarios y políticos- de revertir la medida. La derogación del decreto era una de varias condiciones de Zelaya para retomar las conversaciones con el gobernante de facto, que tomó el poder el 28 de junio, día en el que Zelaya fue sacado a punta de rifle del país y llevado a Costa Rica desatando la peor crisis política en Centroamérica en décadas.
El derrocado presidente se encuentra refugiado en la embajada de Brasil, a donde llegó por sorpresa a hace un par de semanas, después de entrar clandestinamente a Honduras tras tres meses de exilio forzoso e infructuosas negociaciones para volver al poder. Desde entonces la embajada está rodeada por decenas de militares y policías con órdenes de arrestarlo. “Tengo fe en que este problema (…) se va a solucionar en los próximos días”, dijo Zelaya en una entrevista a la cadena Telesur, en referencia al peor conflicto político que vive su país en décadas, poco antes de la derogación del decreto.
Zelaya, a favor de plan Arias
En un comunicado difundido desde la embajada brasileña, el depuesto mandatario insistió en que está abierto a un acuerdo con el gobierno de facto, pero basado en un plan del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que contempla el regreso de Zelaya al poder y el establecimiento de un gobierno de unidad. “Lo que no es negociable precisamente es la restitución de la presidencia”, afirmó el destituido mandatario a Telesur.
En la declaración escrita, Zelaya sostuvo que la embajada de Brasil, donde se encuentra sitiado, sería el lugar más adecuado para suscribir un eventual acuerdo con Micheletti. “La sede diplomática de la República Federativa de Brasil en Tegucigalpa proporciona el marco de seguridad nacional e internacional para la suscripción de este acuerdo por ambas partes y garantiza transparencia e imparcialidad”, dijo la declaración.
Adelantándose a la derogacón de las restricciones a las libertades, un grupo de cerca de 80 personas se congregó el lunes frente a la embajada de Estados Unidos para exigir la devolución del poder a Zelaya, sin que se produjeran incidentes ni detenidos. Washington se hizo eco de las señales de descompresión del ambiente político y reiteró su apoyo a los esfuerzos de la OEA por recomponer la democracia en el tercer país más pobre de América, después de Nicaragua y Haití. “Nuestra posición ha sido inquebrantable respecto a que apoyamos el retorno del presidente democráticamente elegido”, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ian Kelly, mientras legisladores estadounidenses llegaron a Honduras para manifestar su respaldo a Micheletti.
La piedra en el zapato
Una delegación que prepara el terreno para la visita el miércoles del grupo de cancilleres ha reconocido que el principal obstáculo para alcanzar una solución es la restitución del presidente depuesto, a lo que Micheletti se oponía, pero en lo que el lunes fue menos inflexible. La delegación de la OEA que llegará el miércoles estará liderada por el secretario general José Miguel Insulza, y formada entre otros por los cancilleres de México y Costa Rica. “Hay una razón para sentarse a dialogar, que es la patria primero. La restitución es una aspiración del señor Zelaya (…) tendría que ser la Corte Suprema de Justicia la que tomara esa decisión, no corresponde al gobierno”, afirmó Micheletti. La Justicia hondureña pretende acusar a Zelaya por violar supuestamente la Constitución al buscar una vía de reelegirse, el argumento utilizado para derrocarlo, y acusaciones de corrupción. Sin embargo, Micheletti insistió en que la mejor solución al conflicto es que Zelaya renuncie a sus intentos de volver al poder y que el propio presidente de facto abandone el gobierno para abrir paso a autoridades interinas encabezadas por el jefe del Congreso.