Hoy, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se realiza un debate de control político sobre los derechos de los migrantes colombianos. Están citados la canciller, María Ángela Holguín; el ministro del Trabajo, Lucho Garzón; la directora para la Atención y Reparación a las Víctimas, Paula Gaviria, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. En la sesión, se pedirá la adecuada implementación del Sistema Nacional para las Migraciones y una asesoría jurídica permanente para los connacionales en todos los consulados.
En marzo de este año, colombianos que viven fuera del país se manifestaron en diferentes ciudades porque el proyecto de equilibrio de poderes planteaba la eliminación de una de las dos curules para su representación en el Congreso. Esa eliminación fue aprobada y en las próximas elecciones de Congreso, en 2018, sólo se votará por una representación para un inmenso número de connacionales.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el total de colombianos en el exterior es de 4,7 millones. Esto significa que más del 10% de los colombianos viven por fuera del país. Pero está cifra es sólo una estimación y otros estudios sugieren que pueden ser 6 millones. Sólo en Venezuela, por ejemplo, pueden vivir más de 4 millones de colombianos. Con cualquiera de esas cifras bastaría para que esta población tuviera derecho a 10 o 13 representantes, si se compara con los derechos de las circunscripciones territoriales, según el artículo 176 de la Constitución.
Cuando se aprobó la eliminación de la segunda curul, uno de los argumentos era el alto grado de abstencionismo de los colombianos migrantes en las elecciones a Congreso y Presidencia. No obstante, dicha abstención no se debe a la simple falta de voluntad de ejercer los derechos políticos, sino a las dificultades que muchos enfrentan para hacerlo. Por ejemplo, en España, en las islas Canarias, los connacionales tienen que desplazarse hasta siete horas en barco para llegar a un sitio de votación. La solución, entonces, no pasaba por eliminar su representación política, sino por impulsar una mayor inclusión de esa población otorgándole más garantías e instrumentos electorales.
Con este contexto de fondo, el debate de hoy se centrará en incidir en la creación de una mesa técnica de trabajo que en seis meses elabore la propuesta de reglamentación de la Ley 1465 de 2011, por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior.
El primer problema es que, aunque está creado en la ley, dicho sistema no existe como tal. Según Jorge Muñoz, representante a la Cámara del MIRA por los colombianos en el exterior, otros problemas están en “la falta de coordinación de los mecanismos de participación de esos colombianos y la ejecución del Plan Retorno. No hay una ruta definida para la formulación de políticas públicas, lo cual impide intervenir en la toma de decisiones para su beneficio”.
Además, dice Muñoz, después de casi cinco años de aprobada la ley, no opera la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, que es el puente para una interlocución directa de los colombianos en el exterior con el Estado.
Los parlamentarios convocantes al debate, que son Muñoz y Alirio Uribe, representante a la Cámara del Polo Democrático por Bogotá, solicitarán a la Cancillería que se cree un viceministerio de migraciones y desarrollo, tal y como lo ordena la Ley 1465. También pedirán la creación obligatoria en los consulados de una oficina para asesoría jurídica permanente, pues en la actualidad no se tiene este servicio especializado en todos los consulados o la asistencia que se presta es deficiente.