Agobiada por la baja popularidad —llegó al mínimo de 10%—, la recesión económica, el escándalo de Petrobras que salpica a su filiación política —el Partido de los Trabajadores (PT)— y un fantasma de crisis política que amenaza con llevar a su gobierno al precipicio, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, decidió hacer una amplia reforma de su gabinete y, adicionalmente, rebajar el salario de los ministros en 10%.
“Precisamos estabilidad política. Por eso, esta reforma tiene un propósito: actualizar la base política del Gobierno, buscando una mayoría que amplíe nuestra gobernabilidad”, dijo Rousseff en un acto en Brasilia.
La modificación elimina ocho de los 39 ministerios actuales y le entrega la cartera de Salud —la de mayor presupuesto del Estado— al diputado Marcelo Castro, del PMDB (centro), principal socio del PT en el parlamento. Con este cambio, esa fuerza pasará a administrar siete áreas de gobierno, una más de las que tenía, incluida la de Ciencia y Tecnología, que quedará en manos del diputado Celso Pansera.
Rousseff, en un claro intento por garantizar la estabilidad política del país —zarandeada de continuo desde que ocupó el cargo en enero—, cedió poder al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sin una ideología definida. Una reforma incubada desde hacía casi un mes, cuando la fragilidad de su gobierno quedó expuesta durante una prolongada sesión del Congreso que tomó tintes de rebelión. Ese día, por mayoría apabullante, se aprobó un aumento en los salarios de los funcionarios públicos. Una medida que significó un fuerte revés a la política de austeridad que había anunciado la presidenta, que lidia con la mayor retracción económica de los últimos 25 años.
El peso del PMDB en el gabinete es aún mayor si se tiene en cuenta que el vicepresidente, Michel Temer, también del PMDB, sigue en su puesto y continuará ejerciendo la difícil labor de puente entre el grupo decisivo, aunque volátil, de diputados de este partido y el Gobierno, que necesita con urgencia que el Congreso apruebe medidas de ajuste fiscal a fin de tranquilizar a los mercados.
“Los gobiernos de coalición necesitan de apoyo en el Congreso. Vivimos en una democracia. Es con el Congreso elegido por el pueblo brasileño que mi gobierno tiene que dialogar para la aprobación de medidas y leyes que aceleren la salida de la crisis (…) Necesitamos colocar los intereses del país por encima de los intereses partidarios”, añadió la presidenta en su mensaje.
Además, la maquinaria pública perderá 30 secretarías nacionales y 3.000 puestos de asesoría pública estatal. Los cambios incluyen un recorte de 10% en el salario de los ministros.
La parálisis del Palacio de Planalto movilizó esta semana rumbo a Brasilia al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para ayudar a su atribulada ahijada política a estrechar lazos con el PMDB, que tiene más diputados y senadores que el propio PT.
“La presidenta resolvió hacer esta reforma ministerial después de mucha presión del PMDB y también de mucha presión del expresidente Lula con el objetivo fundamental de reducir el riesgo de sufrir un proceso de impeachment (juicio y posible destitución) en el Congreso, que todo indica podía ser tratado en octubre o noviembre. Lo que busca es garantizarse el apoyo del PMDB”, dijo a la AFP el analista político Ricardo Ribeiro, de MCM Consultores.
La mandataria fue acusada de usar recursos públicos para su campaña y solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, algo que está prohibido por ley. Ambas acusaciones podrían justificar un juicio político y terminar su mandato. “Si consigue alejar ese riesgo es un primer paso fundamental para recuperar gobernabilidad”, señaló Ribeiro. Rousseff ganó las elecciones con un escaso margen del 3%, lo que le impidió formar una base sólida en el parlamento, que este año se convirtió en una piedra en su zapato y obstaculizó proyectos claves, como un ajuste fiscal que buscaba ordenar las cuentas públicas.