La matanza de Tucson, que dejó seis muertos y 14 heridos, y que sorprendió al país en medio de un profundo cambio de rumbo político, ha sido interpretada mayoritariamente como un recordatorio de la necesidad de recuperar un clima de civismo en la actividad partidista y de poner límites en la disputa de las ideas. La mayoría de los compañeros de la congresista demócrata Gabrielle Giffords, que siguen luchando contra la muerte en un hospital del sur de Arizona, han coincidido en que la mejor manera de rendirle homenaje es aplacar el ardor del debate —atizado por el Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano— que se mantiene desde poco después de que Barack Obama fuera elegido presidente.
Hoy, observado desde la herida que Tucson ha abierto, no se pueden augurar buenos tiempos para el Tea Party y quienes como ellos llevan meses repitiendo un mensaje en el que, aunque sólo sea en términos retóricos, se recurre permanentemente a imágenes y medios violentos.
En una situación como esta, nadie quiere abiertamente señalar culpables por lo sucedido. Al fin y al cabo, el único responsable parece ser el sujeto de 22 años llamado Jared Loughner, quien disparó durante un mitin encabezado por Griffords y que se encuentra bajo custodia policial.
Loughner parecía compartir, no obstante, con el Tea Party y algunos de los que respaldan a esa fuerza dentro del Partido Republicano, la paranoia sobre la persecución de la que se creen víctimas por parte del Estado. En algunos escritos en internet se había referido al gobierno como un instrumento de lavado de cerebros y de aniquilación del individuo. Las mismas historias que se han escuchado en los mitines del Tea Party.
Esa coincidencia ha sido suficiente para que comentaristas y políticos de la izquierda apunten con el dedo hacia el Tea Party y su principal valedora, Sarah Palin. “Lo echo mucha culpa a la retórica que se ha escuchado últimamente”, dijo la congresista demócrata Carolyn McCarthy. Un ex candidato presidencial demócrata, Gary Hart, fue aún más contundente: “Esto es el resultado directo de una retórica agresiva e irresponsable”.
Ciertamente, es difícil separar el ataque de Tucson de alguna de la propaganda republicana exhibida en la última campaña electoral. El propio rival de Giffords, Jesse Kelly, realizaba recolecciones de fondos en sesiones de tiro con fusiles M-16 y posaba constantemente en ropas militares en sus anuncios.
Cosas similares se han visto constantemente en un año en el que se ha registrado un aumento considerable de la violencia política. En los primeros tres meses de 2010, los más duros del debate sobre la reforma sanitaria, se denunciaron 42 ataques contra oficinas de congresistas, casi todos demócratas, entre ellos Giffords.
Resulta muy peligroso, también para los demócratas, politizar en exceso este asunto. Violencia política ha habido en la historia de este país de todos los signos. Está más fresca en la memoria la bomba con la que un activista de extrema derecha mató a 168 personas en Oklahoma en 1995. Pero también hubo violencia de extrema izquierda que dejó varios muertos en los años sesenta. La misma Giffords, quien pertenecía a la corriente centrista del Partido Demócrata, fue duramente insultada en webs de izquierda después de que, el miércoles pasado, se negara a votar por Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. Una de esas páginas, que ya ha sido retirada, decía: “Para nosotros estás muerta”.
Pero, aun siendo peligroso, es tentador para los demócratas unir lo sucedido a la retórica extremista utilizada por los republicanos. La reacción de Obama ha sido hasta ahora prudente. Después de que el sábado elogiara el trabajo de Giffords y condenara el ataque sin hacer la menor alusión política, este lunes se mantuvo en bajo perfil encabezando el homenaje que se rindió a las víctimas.
El sospechoso no quiere hablar
Los responsables de la investigación describen al presunto responsable de la matanza de Tucson, Jared Lee Loughner (foto), de 22 años, como una persona perturbada y solitaria que fracasó en la universidad y fue rechazado por el Ejército. Los investigadores también aseguraron que el detenido no está colaborando, permanece encerrado sin decir una palabra y que en su computador encontraron evidencia de que el crimen fue premeditado.