La situación en Egipto pareciera nunca mejorar del todo. Desde la semana pasada hay disturbios en varias ciudades por la muerte de 74 personas durante un partido de fútbol en la ciudad portuaria de Port Said, además de un clima de inestabilidad política por cuenta del futuro traspaso de mando de la junta militar a civiles elegidos popularmente.
A esto se suma la creciente tensión que hay entre Egipto y su mayor aliado, Estados Unidos, por cuenta de la intención del gobierno egipcio de juzgar a 19 ciudadanos norteamericanos por, supuestamente, desestabilizar políticamente al país africano.
Los cargos se levantaron contra cuatro organizaciones no gubernamentales financiadas con dinero de Estados Unidos. Dos de estas tienen fuertes lazos con el congreso norteamericano (Instituto Nacional Democrático y el Instituto Republicano Internacional), según reporta el diario The New York Times. Los institutos se dedican a promover la democracia y fueron invitados oficialmente a monitorear las pasadas elecciones en el país africano.
De acuerdo con versiones recogidas en las calles, siempre de fuentes anónimas, las organizaciones investigadas estarían haciendo pagos a civiles para que salgan a protestar en contra de la junta militar y así aumentar la tensión política en Egipto.
Tanto el presidente Barack Obama, como su secretaria de Estado, Hillary Clinton, le han pedido en un tono vehemente al gobierno egipcio que abandone su intención de juzgar a sus ciudadanos, hecho que, al parecer, sólo ha acelerado las investigaciones.
El descontento en Washington no se hizo esperar y ya hay amenazas de recortar el monto de la ayuda a Egipto por parte de Estados Unidos, que al día de hoy suma poco más de US$1,5 mil millones (de los cuales al menos US$1,3 mil millones van para los militares). “Los días de pasar cheques en blanco se han acabado”, dijo en un discurso público el senador Patrick J. Leahy, quien dirige el panel que supervisa la ayuda entregada a Egipto.
La justicia de Egipto también tiene bajo la mira a cuatro fundaciones egipcias, también financiadas con ayudas internacionales, y una alemana. El número de investigados asciende a 43, 19 de estos norteamericanos, 16 egipcios y ocho de diferentes nacionalidades, según las cifras oficiales.
Bajo la ley expedida durante el gobierno del derrocado presidente, Hosni Mubarak, todas las organizaciones no gubernamentales deben contar con una licencia de funcionamiento expedida por el gobierno, requisito que no poseen los institutos investigados.
El levantamiento de los cargos llega en momentos en los que Egipto se convierte en un aliado estratégico en una región altamente convulsionada por cuenta de la dura violencia en Siria, las amenazas de conflicto que vienen de Irán y su programa nuclear y la posible intervención de Israel en este país.
El eventual juzgamiento de los norteamericanos podría romper el lazo estratégico que mantiene Estados Unidos con Egipto, hecho que llevaría al trasto la ayuda militar que recibe el país africano (necesitado de recursos hoy más que nunca), pero que también dejaría a los norteamericanos sin un intermediario vital para mantener su visión del orden en una región cada días más hostil.