Alexandra Macesanu, de 15 años, llamó el pasado jueves en varias ocasiones al número de emergencias pidiendo auxilio y explicando que había sido secuestra y violada, y estaba siendo retenida en una casa de la ciudad de Caracal, en el sur del país. Sin embargo, las autoridades tardaron 19 horas en localizar el lugar de la llamada. Cuando llegaron ya era muy tarde.
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Según medios locales, uno de los materiales que se analizaron fueron las grabaciones de las llamadas de auxilio de la víctima a la Policía. La prensa rumana publicó fragmentos de esas conversaciones en los que los agentes muestran una actitud displicente con la menor.
La crisis precipitó este martes la dimisión del ministro rumano del Interior, Nicolae Moga, en el cargo desde la semana pasada tras reemplazar a Carmen Dan, en entredicho por la violenta represión de unas manifestaciones antigubernamentales el año pasado.
«He tomado esta decisión para salvar parte del prestigio de esta institución, que se ha visto muy afectada tras las actividades deficitarias de algunos de sus empleados», reconoció Moga.
Las autoridades rumanas dieron con la casa en la mañana del viernes, diecinueve horas después de que la adolescente pidiera ayuda para escapar del hombre que la había secuestrado cuando hacía autoestop.
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Allí detuvieron al sospechoso, acusado ahora de tráfico de menores, violación y asesinato, tras confesar haber matado a la menor y a otra chica de 18 años desaparecida desde abril en la misma zona.
Este martes la defensa del sospechoso confirmó que la Policía relaciona al hombre con otro crimen ocurrido en 2015, cuando una joven de 17 años fue violada y decapitada en Craiova, cerca de Caracal.
El caso también le costó el puesto al jefe de la policía rumana, a tres oficiales de la policía local y al prefecto del departamento de Olt, acusados de cometer varios errores en la investigación, así como al director del Servicio de Telecomunicaciones Especiales (STS), responsable del número de emergencias al que llamó Macesanu pidiendo ayuda.
Crisis institucional Las consecuencias de este escándalo han llegado al Gobierno socialdemócrata, acusado por el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, de propiciar «demoras criminales» en este caso, con un modelo de gestión que favorece la corrupción y la «politización» de la administración pública.
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«Hemos llegado hasta aquí porque los gobiernos de los últimos años han llenado el país de incompetentes, han echado a demasiados profesionales y han puesto en su lugar a siervos, a personas incapaces», denunció Iohannis, tras una reunión de crisis del Consejo Supremo de Defensa Nacional, en la que el Ejecutivo, la Presidencia y otras instituciones abordaron lo ocurrido.
Entre las «deficiencias» a la hora de tratar el caso están «los retrasos injustificados al abrir las investigaciones» y «la actitud refractaria de los empleados de la Policía hacia la víctima», dijo el presidente, además de la falta de cooperación institucional y el déficit de estructuras operativas.
Estas manifestaciones recuerdan a las que acabaron tumbando al Gobierno socialdemócrata de Victor Ponta en noviembre de 2015, días después de que 64 personas murieran en un incendio en una discoteca de Bucarest, que no cumplía las condiciones de seguridad requeridas por la ley.
Como pasa ahora, muchos rumanos ven en ello una consecuencia de un sistema corrupto y negligente en el que los políticos ignoran al ciudadano y solo se preocupan por sus intereses.