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‘El fallo de La Haya abrió un camino para San Andrés’

Aury Guerrero dice que la sentencia emitida por la CIJ generó un sentimiento de pérdida, pero también aceleró los programas del Estado para el desarrollo del archipiélago.

07 de mayo de 2014 - 07:00 a. m.
Aury Guerrero, gobernadora del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. / Colprensa
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 ¿Qué le trajo el fallo de la CIJ al archipiélago?

Las personas en San Andrés habíamos dejado de ver el campo, la tierra, como un escenario en el que podíamos impulsar nuestro desarrollo, nuestra alimentación, nuestra pervivencia. Estábamos concentrados en el mar. Con el fallo nos sacudimos al percatarnos de que podíamos perder nuestro territorio marítimo, empezamos a recuperar la parte agrícola y pecuaria. Tuvimos muchas consecuencias negativas: la pesca industrial se deterioró, se vinieron abajo algunos esquemas económicos que tenían su sustento en la langosta espinosa y el caracol pala, pero empezamos a mirar otros escenarios.

Uno no sabe cómo decirlo, porque puede herir susceptibilidades, pero a partir del fallo se empezó a ver y sentir el compromiso irrestricto de la administración, del presidente, de los ministerios, y se empezaron a generar los resultados que queríamos. La mayoría de la gente en el archipiélago ve el fallo como una pérdida significativa, pero que abrió una puerta y una oportunidad.

Se designó un equipo que desde la Presidencia jalona los proyectos (el Plan San Andrés). También hay una presencia más constante de las entidades de nivel nacional, un compromiso de revisar cuáles eran las necesidades sentidas y los compromisos hechos desde años anteriores y que no se habían cumplido. Esto hace que, por ejemplo, en Providencia, que tenía bajos niveles de acueducto y alcantarillado, empezara una dinámica para conseguir acueducto y el estudio para todo el alcantarillado.

¿Cómo está la relación con Nicaragua?

Lamento mucho que las pretensiones de Nicaragua nos hayan llevado hasta la CIJ, cuando es un país con el que manteníamos relaciones muy armónicas. Cuando en 1928 nosotros —y digo nosotros porque mis abuelos participaron— decidimos que Nicaragua necesitaba tener una costa en el Atlántico y le entregamos la Mosquitia, nunca pensamos que después íbamos a ver una reclamación que consideramos injusta. Seguimos teniendo con Nicaragua vínculos y relaciones muy estrechas de familia, cultura, lengua, idiosincrasia. Por eso el fallo no ha tenido tantas consecuencias negativas o reactivas. Nosotros reconocemos al gobierno colombiano. El meridiano 82 para nosotros sigue siendo el límite; el Gobierno ha tenido allá sus embarcaciones y ha hecho guardia, y no hubo conflicto, ninguna relación bélica.

¿Cuáles han sido las pérdidas reales para los pescadores?

Teníamos una flota aproximadamente de 12 a 14 pesqueros industriales, algunos matriculados hasta en Tanzania, porque los trámites en Colombia para matricular las embarcaciones eran terribles, aunque ahora se han suavizado, también desde el fallo. De esa flota, la mitad se fue a pescar para el gobierno nicaragüense porque les ofreció mayores oportunidades. Algunos de nuestros importadores terminaron trayendo pescado de Nicaragua para consumir en San Andrés, capturado por los que eran nuestros y se fueron.

Los pesqueros que se fueron a Nicaragua dejaron sin trabajo a los pescadores industriales que estaban en sus embarcaciones. Los pescadores artesanales ya no podían llegar tan lejos, ya no podían salir, se empezó a ver una dificultad grande. A partir de ahí empezaron los sueños de organizar el esquema de pesca, de mirar otra habilidad que tienen los raizales, que es la construcción de las embarcaciones. Se planteó un proyecto íntegro donde se tenga un terminal pesquero, una fábrica de procesamiento, donde tanto industriales como artesanales puedan hacer un solo esquema y desarrollar la pesquería.

Después del fallo, el país entendió que tenía fronteras en el mar…

Después del fallo tuvimos la oportunidad de que el Plan Fronteras para la Prosperidad, que venía desde antes del fallo, tuviera un nuevo impulso para reunirnos y decirnos que somos una frontera, porque antes no teníamos ese reconocimiento. No teníamos el reconocimiento constitucional de departamento fronterizo, siendo el departamento multifronteras de Colombia. Entonces empecé a ir a las reuniones de frontera. El plan nos permitió generar proyectos, uno de los cuales es revisar el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y construir el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), que habla de la integralidad del archipiélago, porque nosotros mismos lo fragmentamos cuando decimos “San Andrés, Providencia y Santa Catalina”: ¿y dónde quedan los cayos y las islas y los bancos?

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El plan ha estado acompañándonos en la construcción del EOT, ha estado apoyando iniciativas productivas en Providencia, como la del cangrejo negro, el desarrollo cultural, que es clave para los jóvenes, y los embajadores musicales y deportistas que han salido a diferentes países. Todo esto es un avance, teniendo en cuenta que esta isla, sin acueducto ni alcantarillado y considerada rural, muchas veces no tenía cabida en los programas que oferta el Gobierno Nacional. Se le ha estado abriendo ese camino a Providencia.

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