Los filipinos quedaron conmocionados el día miércoles con la noticia de la ejecución de tres nacionales en China por tráfico de drogas, pese a los reiterados intentos diplomáticos del Gobierno por conmutar las penas y salvar sus vidas.
“Hemos aprovechado todas las oportunidades para pedir clemencia a las autoridades chinas, pero al final se han cumplido las sentencias. La nación se compadece de las familias de los condenados y comparte su dolor”, lamentó el portavoz presidencial, Edwin Lacierda.
El Ejecutivo filipino confirmó que Ramon Credo, de 42 años y Sally Villanueva, de 32, recibieron este miércoles una inyección letal en la localidad de Xiamen (sureste), mientras que Elizabeth Batain, de 38, murió en Shenzhen (sur).
Los tres fueron arrestados por separado en 2008 por poseer más de 4 kilos de heroína y condenados a muerte por los tribunales de China, un país con una férrea regulación antidrogas.
El Gobierno filipino y varias organizaciones humanitarias sostienen que los engañaron o se aprovecharon de su pobreza para utilizarlos como “mulas”.
El vicepresidente de Filipinas, Jejomar Binay, que logró en febrero una prórroga de un mes para los condenados durante un viaje oficial a China, se mostró convencido de que “fueron víctimas de los grupos internacionales de narcotráfico”.
Para la organización de emigrantes filipinos Migrante, “mientras los cerebros de las mafias de tráfico de drogas internacional queden impunes, habrá más víctimas como ellos que se verán atrapadas en la injusta situación de convertirse en ‘mulas’”.
Las ejecuciones se han producido después de semanas de plegarias de la Iglesia Católica y tras varias noches de vigilias en las que cientos de ciudadanos esperaban un milagro de última hora.
Una de las condenadas, Sally Villanueva, hizo pública esta semana su declaración jurada ante la Justicia china en la que explicaba con todo detalle cómo fue engañada para llevar a China una maleta en cuyo falso fondo la Policía aduanera encontró más de 4 kilos de heroína.
Tanto a ella como los otros dos condenados, que no supieron hasta el día miércoles que iban a ser ejecutados, le fue concedido un permiso para pasar una hora junto a sus familiares, que se desplazaron a China.
“Fui la primera en verla, cerramos los ojos y las dos nos pusimos a llorar. Me preguntó por qué estábamos allí y por qué llorábamos. Entendió que eso significaba que iba a morir”, declaró a la radio dzBB Mylene, hermana de Villanueva.
Su hermano Jason relató a la misma emisora que Villanueva “decía algunas incoherencias porque tenía muchas cosas que contar” y explicó que su última voluntad era que cuidaran de sus dos hijos, de 12 y 9 años, que no pudieron ir a despedirse de su madre. “Nos pidió que nos aseguremos de que terminen sus estudios”, añadió Jason entre sollozos.
Las condolencias se han extendido a las redes sociales de internet, que el miércoles estaban inundadas de mensajes de pésame a la familia junto a algunas críticas a la prensa por el tratamiento sensacionalista del caso y al Gobierno filipino por no actuar con mayor firmeza.
Amnistía Internacional (AI) se sumó a los ataques contra el Ejecutivo presidido por Benigno Aquino, al que acusó de no hacer lo suficiente por evitar el trágico desenlace y le pidió que se convierta en el abanderado asiático por la supresión de la pena capital.
Más de 200 filipinos están encarcelados en China, 72 de ellos condenados a la pena máxima por tráfico de drogas, según datos oficiales del Departamento de Asuntos Exteriores.