El Ministerio Público venezolano informó de la privativa de libertad a 11 de los detenidos en los dos principales campamentos de protestas de los cuatro que se mantenían en Caracas y que fueron desmantelados por las fuerzas de seguridad durante la madrugada del pasado jueves.
Fiscalía informó por comunicado de que a ocho de ellos se les acusa de «porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento (asociación ilícita para delinquir), incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias».
A otros tres, dos hombres y una mujer, el Ministerio Público solicitó la libertad bajo fianza por estar «presuntamente involucrados en los delitos de detentación de sustancias incendiarias, agavillamiento e incitación a la desobediencia de las leyes», añadió el comunicado.
Para los once el lugar de reclusión serán las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el oeste de la capital.
Indicó que en otros 156 casos de estos dos campamentos la Fiscalía impuso «medidas cautelares» como la «presentación periódica» ante los tribunales así como un «tratamiento médico especializado que permita su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas» a 15 de los imputados.
La fiscalía no informó sobre la situación de los casos de las personas detenidas en los otros dos campamentos en la capital.
En la madrugada del jueves pasado fuerzas de seguridad desmantelaron los cuatro campamentos de protestas que se mantenían en el este de la capital en una actuación en la que 243 personas fueron detenidas.
El ministro de Interior, Miguel Rodríguez, declaró poco después del operativo que en la principal acampada, frente a la sede de la ONU en la capital, se incautaron «drogas, armas, explosivos, morteros».
El Ejecutivo venezolano defiende que estos campamentos eran lugar de escondite para los violentos que han estado atacando a los cuerpos de seguridad, vehículos y mobiliario público, además de montar «guarimba» (barricadas) desde el pasado febrero.
La defensora del Pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, indicó el viernes a través de su cuenta de Twitter que 12 «adolescentes» fueron liberados ese día junto con cuatro personas con «discapacidad auditiva».
Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero una serie de protestas antigubernamentales encabezadas por la oposición y grupos de estudiantes, que en ocasiones se han vuelto violentas, y que dejan a día de hoy un saldo de 42 muertos, cerca de 800 heridos y cientos de detenidos.