“Para las mujeres este no es un tema controversial ni mucho menos religioso, se trata de nuestra salud reproductiva. Nadie tiene el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, dice conmovida Cecile Richards, presidenta de la Federación Americana de Planificación Familiar, al conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que tiene temblando a más de 150 millones de mujeres en Estados Unidos.
En un caso muy cerrado, el más alto tribunal de este país determinó que las creencias religiosas de las corporaciones las exime del requisito que contempla la reforma del sistema de salud de pagar por anticonceptivos en el seguro médico de sus empleados. Con una votación de 5 contra 4, el fallo dictaminó por primera vez que las corporaciones con ánimo de lucro tienen derechos religiosos bajo la ley federal, amparada en la Ley de Restauración de Libertad Religiosa de 1993.
Todo empezó cuando la reforma sanitaria de 2010, conocida como Obamacare, estipuló que las empresas debían prestar servicios de salud reproductiva a sus empleados. Hobby Lobby, una gigantesca cadena de tiendas de manualidades de dueños cristianos, y Conestoga Wood, de dueños menonitas, demandaron al Estado porque, según ellos, esta imposición atentaba contra sus principios religiosos, alegando que los anticonceptivos intrauterinos, así como las pastillas del día después facilitan el aborto, algo que la comunidad médica ha negado de forma categórica en varias ocasiones. Sin embargo, después de una larga espera, la decisión llegó el pasado lunes a favor de estas dos corporaciones, propinando un histórico revés a los derechos reproductivos de la mujer en Estados Unidos.
“Para miles de mujeres de escasos recursos no contar con anticonceptivos a través de su seguro médico laboral significa no tenerlos, pues son muy costosos”, dice Wendy Matthews, una trabajadora del sector privado en Los Ángeles, quien lleva más de cinco años recibiéndolos a través del seguro de salud de su empresa.
El impacto económico será devastador, aseguran los expertos. Uno de los métodos incluidos en el fallo, el dispositivo intrauterino conocido como la “T”, tiene un costo promedio en Estados Unidos entre los US$500 y US$1.000, lo que equivale para muchas mujeres al salario de un mes completo. Por su parte, Plan B y Ella, los dos anticonceptivos de emergencia, también incluidos en el fallo, tienen un costo promedio de US$50.
Para la magistrada Ruth Ginsburg, quien votó en contra dejando un texto de objeción de 34 páginas, este fallo va mucho más allá del tema de los derechos reproductivos de la mujer. “Esta desafortunada decisión abrirá las puertas para que las corporaciones básicamente se nieguen a prácticamente todo tipo de ley amparándose en sus derechos religiosos”. Para la magistrada, de 81 años, este fallo es un absurdo. “Una cosa son organizaciones religiosas que existen para salvaguardar los principios religiosos de sus allegados y otra una corporación con ánimo de lucro”, añade en su texto.
No obstante, esta fue la misma lógica que se apoderó en 2010 de una controvertida Corte Suprema de Justicia, igualmente de mayoría conservadora, en el fallo de “Citizens United”, el cual de forma inesperada otorgó a las corporaciones el derecho a la libertada de expresión, justo como si fueran personas. Esto significó que después de muchas décadas de lucha las corporaciones lograran erradicar los límites a las contribuciones económicas a las campañas electorales, cooptando finalmente el sistema político de Estados Unidos.
Esta semana se conoció que desde 2013, tres meses antes de que Hobby Lobby entablara la demanda contra Obamacare, su fondo de pensiones 401K invirtió US$73 millones en los fondos de inversión de las mismas compañías que producen los métodos anticonceptivos que se niegan a proveer a sus empleados. Estas compañías incluyen a Teva Pharmaceutical Industries, fabricantes de Plan B (píldora del día después); Pargard, que produce anticonceptivos intrauterinos, así como Pfizer, fabricantes de Cytotect y Prostin E2, dos drogas usadas para inducir abortos. Al igual que Aetna y Humana, dos compañías de seguro médico que cubren abortos quirúrgicos y de emergencia.
Becket Fund, la firma de abogados que representó a Hobby Lobby en este caso, anunció que presentará en las próximas semanas un paquete con 49 demandas adicionales a las otras 51 que ya están en proceso, todas de corporaciones que tienen el mismo tipo de objeciones amparadas en la reciente decisión del alto tribunal.
Por su parte, la comunidad LGBT está llena de nerviosismo, pues teme que este fallo abra paso para discriminación en el ámbito laboral. Por lo tanto, le pidieron al presidente Obama que firmara el tan esperado decreto presidencial que prohíbe la discriminación laboral basado en la identidad de género para quienes trabajan y contratan con el Estado. Es el comienzo de un nuevo y largo pulso entre las corporaciones y el Estado, donde temas como el matrimonio homosexual, la vacunación, el aborto, la salud reproductiva y la investigación de células madres podrían quedar nuevamente a la deriva.
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