El 21 de enero de 2009, el recién posesionado presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suspendió los juicios en Guantánamo, la prisión establecida en la base militar de Cuba en 2001 para alojar a los presos sospechosos de terrorismo, y anunció que cerraría el polémico lugar antes de enero de 2010. Obviamente el novato presidente no tenía la menor idea de que Guantánamo sería la muestra fehaciente de que una cosa son las promesas electorales y otra muy distinta, la realidad. “El presidente de Estados Unidos estaba recién posesionado y quería hacerlo, pero no era consciente de que esa decisión no dependía de él, no estaba a su alcance, por eso sus traspiés siguientes”, explicó John Seronal, de la Universidad de Miami. Así es. Cuatro meses después del anuncio, el presidente dio la primera señal de que su anuncio se quedaría sólo en intenciones. Obama trató de explorar todas las opciones, pero no encontró la manera de hacerlo. Primero, propuso cerrar ese símbolo de la tortura y la injusticia por medio de la evacuación de presos hacia diversos países o a territorio estadounidense, luego de haber pasado por juicios en tribunales civiles ordinarios. Entonces, explicó que existían cinco categorías de detenidos, entre las cuales se encontraban personas que “no pueden ser juzgadas y representan un grave peligro para la población estadounidense”. Aclaró que para ellas habría un régimen especial y, seguramente, irían a cárceles de máxima seguridad. En ese discurso y con la intención de cumplir su promesa, Obama anunció la creación de un grupo de trabajo para estudiar la situación de 242 presos que estaban cuando llegó a la Casa Blanca detenidos en Guantánamo. La comisión determinó en su informe del 22 de enero de 2010 que la “detención indefinida” debería continuar para 48 de los 242 detenidos en el Camp Delta. Segundo intento En noviembre de 2009, el gobierno sugirió el traslado de presos “no peligrosos” a territorio estadounidense, pero se encontró con un rotundo rechazo. Intentó entonces enviarlos a otros países, pero con relativo éxito: Europa ha aceptado hasta ahora a tan sólo nueve presos. La compra del centro de detención Thomson Correctional Center, en Illinois, en donde se podría trasladar a algunos de los internos tampoco se concretó por oposición de legisladores demócratas y republicanos. Y para rematar, las dudas del sistema judicial civil de cómo juzgar a esos reos, cuyas confesiones fueron obtenidas con métodos que bajo la legislación norteamericana se considerarían como tortura, le pusieron más obstáculos a las intenciones de cerrar Guantánamo. Tal vez por eso, el presidente estadounidense no tuvo otra opción y el lunes en la noche dictó una orden ejecutiva en la que ordena el restablecimiento de las comisiones militares que había suspendido al comienzo de su mandato. En un comunicado distribuido por la Casa Blanca, Obama indicó que esta y otras medidas “ampliarán nuestra capacidad de llevar a los terroristas ante la Justicia, proporcionará supervisión de nuestros actos y garantizarán el trato humano de los detenidos”. Para justificar este cambio, la Casa Blanca precisó que en los últimos dos años el gobierno prohibió que se puedan utilizar las declaraciones de presos resultantes de trato degradante, cruel e inhumano. También puso en marcha un mejor sistema para el manejo de información clasificada y estableció un sistema de evaluación periódica para aquellos presos retenidos en la base militar. Las críticas no se hicieron esperar. Voceros de Tea Party y del Partido Republicano aprovecharon para argumentar lo que Obama ha evitado: la sombra de George W. Bush. Dicen que esta decisión lo único que hace es darle la razón a su antecesor: Guantánamo no se puede cerrar. Pese a todo, la Casa Blanca subraya que permanece comprometida con “el difícil desafío de cerrar Guantánamo”. Pero, ¿a qué precio? El incumplimiento de esta promesa es responsabilidad de Obama y será a él a quien le llegue la factura en las próximas elecciones, pues, explica el analista Seronal, “el deber del presidente de Estados Unidos, que se había comprometido con la tarea, era sortear los obstáculos políticos y legales para conseguirlo. El presidente Obama se está jugando su futuro con varias decisiones que se le están truncando en el camino”.